Enrique Méndez, reportero: En lo que fue definido como un albazo legislativo, y sin contar con el quórum necesario, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados dio por válido un proyecto de Arturo Álvarez Angli para aceptar sin cambios la minuta del Senado con una ley de cambio climático.

Sin convocar oficialmente y con apenas 15 de los 30 integrantes de la comisión, Álvarez Angli se saltó las formalidades a que lo obliga el reglamento de la Cámara y sometió a votación su proyecto, que someterá al país a la figura de "dominio de los recursos genéticos", confinar poblaciones silvestres para su explotación, explotar la herencia genética e incluso permitir a firmas trasnacionales apoderarse del conocimiento tradicional indígena.

Álvarez Angli convocó a una reunión prácticamente secreta en sus oficinas, a las 11 de la mañana de este jueves, pero media hora después no se reunía el quórum y al mediodía, con sólo 15 diputados, cuando el mínimo son 16, “aprobó” el dictamen.

Este diputado federal fue cuestionado en el pleno por las diputadas Laura Esquivel (Morena) y Cecilia Soto (PRD), quienes reclamaron la reposición del procedimiento y resaltaron la ilegalidad cometida por el legislador.

La escritora Laura Esquivel informó que presentará la inconformidad de su bancada por escrito “para que se reponga el proceso, a todas luces irregular”.

Cecilia Soto insistió que Álvarez Angli impuso su calidad de presidente de la comisión para “votar” su dictamen. “Es una gravísima violación del reglamento el instrumento que nos permite trabajar. No es válida esa aprobación a un dictamen, que fue hecho ilegalmente”.

Sin atender los reclamos por el albazo de Álvarez Angli, el presidente de la Mesa Directiva, Édgar Romo (PRI), se limitó a responder a las diputadas: “Sus expresiones quedan integradas en el Diario de los Debates y tomamos nota.

Álvarez Angli, además, omitió su obligación de sesionar en conjunto con las comisiones de Asuntos Indígenas y a Cambio Climático, y su “dictamen” incluye modificaciones a la minuta, que hacen más agresiva la redacción del documento, al legalizar prácticas como la "bioprospección o búsqueda de especímenes naturales, genes y sus productos derivados" para su uso comercial.

Si bien organizaciones civiles han alertado que la ley busca privatizar los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de pueblos y comunidades, Álvarez Angli introdujo la definición de “acceso: la obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus derivados, o en su caso, de los conocimientos tradicionales asociados a ellos”.

El “dictamen” de Álvarez Angli plantea que la Cámara apruebe que, en materia de recursos genéticos, el aprovechamiento se refiere "a su utilización y a la de sus derivados en la realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o composición bioquímica de los recursos genéticos mediante la biotecnología".

Otro cambio a la minuta es para definir las "condiciones mutuamente acordadas", esto es "los términos establecidos entre proveedores y usuarios para conceder el acceso a los recursos genéticos, sus derivados o el conocimiento tradicional asociado a ellos".

En lo que se trata de un negocio auspiciado por el PVEM, el documento incluye "la participación de los beneficios, temporalidad, modalidades y condiciones, que se expresen en el acuerdo de acceso, para el caso de actividades con fines comerciales".

También Álvarez Angli amplió la definición de conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, que ya se considera en la minuta.

Así, de la mano de este personaje, el PVEM pretende que se exploten los "conocimientos dinámicos y en constante evolución que se crean en un contexto tradicional, se preservan colectivamente y transmiten de generación en generación, que incluyen, entre otros, los conocimientos especializados, capacidades, innovación, prácticas y enseñanzas que perviven en relación con la utilización de recursos genéticos".

En el “dictamen” impuesto por Álvarez Angli se agregó la figura de predios o instalaciones que manejen vida silvestre confinada, con el propósito de reproducción de especies "para su aprovechamiento con fines comerciales".

El texto de Álvarez Angli añadió la definición de recursos genéticos, que incluye "todo material genético, con valor real o potencial, de origen vegetal, animal, microbiano o de cualquier tipo y que contenga unidades funcionales de la herencia" en el país.

Además, pretende regular la caza deportiva de especies silvestres, y si bien busca prohibir la importación de marfil, sí permite su exportación e incluso se negó a prohibir la explotación de tortugas, con el argumento de que hasta ahora las medidas de protección no han tenido impacto en su consumo. dlp/m