Adela Saltiel, reportera: La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso reformas en materia electoral, al fin de prohibir que funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, incluyendo gobernadores, secretarios de Estado, subsecretarios y legisladores federales participen en la entrega de programas sociales, por lo menos seis meses antes del periodo de “veda”.

Lo anterior, indicó la diputada Araceli Damián, contribuirá a inhibir el uso del apoyo social con fines político-electorales, así como la promoción personal de dichos servidores públicos o sus partidos.

La diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro planteó reformas a las leyes generales de Procedimientos Electorales, la Ley en Materia de Delitos Electorales, y de Desarrollo Social, con el propósito de poner freno al uso indebido del apoyo social.

“En cada elección, las denuncias de irregularidades acreditadas se multiplican y en gran medida involucran el ejercicio ilegal o fraudulento de recursos federales movilizados por servidores públicos”, remarcó.

Damián González detalló que los altos funcionarios de gobierno tendrán expresamente prohibido tomar parte en la entrega de programas sociales, por lo menos durante los seis meses previos a la “veda electoral”.

Indicó que, en las últimas elecciones, fue notoria la intervención directa de servidores públicos, incluso secretarios de gobierno, en la entrega masiva de recursos públicos.

Esas acciones, dijo, tienen claros fines políticos y representan un riesgo para la equidad de las elecciones.

La ley vigente, abundó, no contempla reglas ni candados para establecer límites a la actuación de funcionarios de Estado, que han recibido instrucciones de encabezar la operación de entrega de recursos a beneficiarios de programas sociales, incluso por regiones bien delimitadas, esto, durante las elecciones y en especial antes de las campañas.

Al indicar que el ejemplo más claro de dicha situación se registró en la elección del Estado de México, la diputada de izquierda señaló que el intervencionismo abierto de servidores públicos en procesos electorales se ha convertido en un riesgo real para la democracia. dlp/m