La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, advirtió que la tortura sigue siendo una práctica común en México.

El diputado Jorge Álvarez señaló que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual entró en vigor en 2017, representa un avance, pero requiere adecuaciones para erradicar el problema.

Refirió que, de acuerdo a datos emitidos por Amnistía Internacional en 2014, en México el 64 por ciento de las personas tiene temor a ser torturados si son puestos bajo custodia.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez encontró, al revisar datos de procuradurías estatales, que en 2014 se presentaron al menos 10 mil 400 denuncias por tortura y trato cruel, abundó.

Aunado a ello, comisiones estales de derechos humanos acumularon de 2004 a 2014, más de 57 mil 800 quejas por detenciones arbitrarias, 17 mil por trato cruel, inhumano y degradante.

Jalisco, expuso el legislador, reportó en 2014 el mayor número de detenciones “ilegales”, con más de seis mil 100 casos; seguido por el Estado de México, con cuatro mil 591 casos; y la actual Ciudad de México, cuatro mil 89 episodios.

Argumentó que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha señalado que la tortura en México es “habitual” y se comete de manera sistemática, como parte de los métodos de investigación criminal.

Álvarez Maynez señaló que en el sistema de procuración de justicia la tortura es “difícilmente investigable”, pese a que recurrentemente se utiliza para generar cargos contra detenidos y forzar confesiones.

Dado que la ley vigente es insuficiente para atender la problemática, el congresista propuso cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 113, a fin de establecer de manera expresa que “en ningún caso la confesión del inculpado podrá ser prueba plena, siempre deberá ser confrontada con otros medios de prueba”.

Afirmó que dicha modificación generaría certidumbre y permitiría argumentar violaciones a derechos humanos, en los casos en que un juez pudiera tomar como ciertas las confesiones obtenidas a través de la tortura o por la fuerza.

La propuesta que se encuentra en estudio en comisiones, agregó, plantea que el sistema judicial da peso específico a las confesiones en procesos penales, lo que resulta cuestionable en un contexto de violaciones a derechos humanos como sucede en México.

Indicó que el Estado, poseedor del monopolio del uso de la fuerza, debe ejecutar esas facultades de forma razonable, proporcional y excepcional, con respeto a la dignidad e integridad de las personas.

Por ello, las pruebas confesionales deben ser valoradas con relación con otros medios de prueba, insistió. ar/m