La diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, planteó que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) traduzca los ordenamientos legales del ámbito federal a las principales lenguas indígenas del país.

Además, pidió a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, realizar campañas de difusión de lo transcrito, ante la necesidad de que los pueblos originarios conozcan sus derechos y obligaciones en materia federal.

De acuerdo con un comunicado, la propuesta precisa que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, poco más de seis por ciento de la población de tres años y más en México hablaba alguna lengua indígena, es decir, siete de cada 100 personas hablaba una de las 72 lenguas indígenas, lo que equivale a siete millones 382 mil 785 personas.

De esta cifra, 13 de cada 100 sólo puede expresarse en su lengua materna, lo que indica que se trata de indígenas que conservan un mayor apego a la cosmovisión y cultura tradicional y es población que está próxima a condiciones desfavorables de marginación en términos de acceso a recursos, educación, salud y justicia.

Además, 43.2 por ciento de este sector de la población no tiene escolaridad o cuenta con primaria incompleta, y existen 5.3 millones de indígenas de más de 15 años de los que 27 por ciento son analfabetas.

El documento explica que, de acuerdo con lo publicado en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta noviembre de 2015, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de ocho mil 412 personas: siete mil 728 pertenecen al fuero común y 684 al federal.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, sustentado en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, está orientado principalmente a garantizar un debido proceso que al ser acusatorio, oral y público protege el derecho a la igualdad entre las partes.

No obstante, agrega, se ha observado que entre las problemáticas relacionadas con los indígenas en reclusión que son independientes de su situación jurídica, se encuentra la falta de información sobre los derechos humanos que les asisten, de intérpretes y/o traductores, así como de defensores que hablen su lengua. bmj/m