El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, aseguró que no será un obstáculo para la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, ni la Procuraduría General de la República en las investigaciones que se lleven a cabo por actos de corrupción en la Sedesol.

En comparecencia en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno, el secretario aseguró que él no es fiscalizador, pero tampoco oculta actos de corrupción, como es el caso de los contratos con universidades en los que se simularon servicios.

“Y vuelvo a repetir y lo digo con mucho respeto al Pleno, mi labor como secretario no es la de fiscalizar y he colaborado, vuelvo a repetirlo, con las autoridades competentes, entregando toda la información que se me ha requerido y que obra en los archivos de la Sedesol, para que sean las propias autoridades fiscalizadoras quienes puedan determinar a quienes hoy están siendo señalados por alguna irregularidad”, dijo.

El diputado del PT, Benjamín Robles, le cuestionó si está dispuesto a denunciar a las y los altos funcionarios que le antecedieron, sin que medie presión o acuerdos de por medio que limiten su actuación libre o si ha recibido presiones de algún tipo y del más alto nivel para ocultar la corrupción.

Pérez Magaña respondió que no ha recibido presiones de nadie. Agregó que su orden es reducir al mínimo los contratos con universidades.

Cabe destacar que Excélsior publicó que, en 2017, la Sedesol cortó de tajo los contratos y convenios con universidades públicas, tras los señalamientos y denuncias en su contra por presunto daño al erario público.

Tan sólo por el probable desvío de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene 13 denuncias en contra de la Sedesol e instituciones de educación superior, luego de detectar un modus operandi de corrupción, en el que la dependencia contrató a universidades que a su vez subcontrataron a empresas fantasma o compañías que simularon haber cumplido con los trabajos.

En los avances de esta investigación, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, la Sedesol advierte que, con estos antecedentes, el año pasado ya no signó contratos o convenios con universidades al amparo del artículo 1 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El artículo permite a las instituciones educativas subcontratar hasta el 49% del monto total del contrato o convenio adquirido con las dependencias federales, parte legal de la que hubo un abuso y fomentó el millonario daño al erario público.

La SFP precisó en su investigación que la Sedesol otorgó 60 contratos a universidades en el 2013, año en que se detectaron las irregularidades en la dependencia que entonces encabezaba Rosario Robles.

Para 2014, la dependencia otorgó 21 contratos, en el 2015 signó 16 y un año más tarde sólo tres. El año pasado no concedió contratos bajo el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pero sí convino dos servicios con universidades vía adjudicación directa.

Cabe destacar que la Sedesol es una de las dependencias federales más denunciadas por la ASF ante la Procuraduría General de la República por este modus operandi. Duración 0’00’’, nbsg/m.