Con 28 votos a favor, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para aplicar la extinción de dominio a los bienes derivados de los delitos de corrupción y “huachicoleo”, entre otros.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno la próxima semana.

De acuerdo con el documento avalado por unanimidad en lo general, la extinción de dominio será procedente sobre bienes “relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.

​Las reformas y adiciones a los artículos 22 y 73 constitucionales prevén otorgar al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de extinción de dominio.

El proyecto argumenta que la extinción de dominio, como parte de la estrategia de seguridad pública, tiene el propósito de atacar los fondos económicos con los cuales el crimen organizado corrompe y destruye la institucionalidad del Estado.

“Esto es primordial, ya que es un tema central para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con la que cuentan”, señala.

Como ejemplo de la aplicación de la figura de extinción de dominio señala los casos de Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Colombia, Italia, Brasil y Argentina.

La reforma fue aprobada por el Senado de la República con modificaciones sobre el proyecto originalmente votado por la Cámara de Diputados, por lo que la minuta fue devuelta al Palacio de San Lázaro y, en caso de ser ratificado, se turnará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ar/m