La diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández urgió al gobierno federal implementar una estrategia que atienda a hijos de mujeres recluidas en centros penitenciarios del país.

En su opinión, se requieren acciones para permitirles el acceso a programas de bienestar, garantizando lo estipulado por las leyes en la materia, reforzar su atención y acceso a la salud de los menores.

La legisladora de Movimiento Ciudadano propuso la adopción de medidas encaminadas a que los menores que viven en condición de internamiento reciban una educación de calidad y facilitar la validación de los Centros de Desarrollo Infantil.

Además, formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la Secretaría de Economía que impulse medidas de apoyo para que las reclusas puedan ser capacitadas en materia laboral, a fin de que cuenten con una fuente de ingresos, a pesar de encontrarse en esa condición.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el país hay 16 centros femeniles estatales en donde se encuentran tres mil 284 mujeres.

También existe un Centro Femenil Federal que alberga cuatro mil 441 internas, y 75 centros mixtos en los que hay cinco mil 264 mujeres, lo cual da un total de nueve mil 705 mujeres privadas de su libertad, censadas en 2017. De los 92 centros de Readaptación Social Femenil, en 60 de ellos se ubican a 444 niñas y niños que viven con sus madres, refirió Loya Hernández.

La mayoría de las mujeres que cumplen esas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, son de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”; una de las razones por las que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, al carecer de recursos para solventar los gastos que representa su atención, alertó.

Dentro de los penales son concebidos niñas y niños y cuando las mujeres están por dar a luz se les brinda atención médica y posteriormente se hacen cargo del cuidado y protección de sus hijos desde el nacimiento y la lactancia.

“Es una decisión que sus hijas e hijos permanezcan en el centro, vivan con alguno de sus parientes o sean entregados a instituciones que se hacen cargo de la custodia mientras ellas cumplen su condena; también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en el ambiente carcelario”, indicó.

La diputada resaltó que las niñas y los niños que viven con sus madres en las cárceles no deben ser excluidos de derechos, libertades, ni discriminados por ningún motivo; se deben garantizar los principios básicos de alimentación, salud, educación, desarrollo integral tanto de las madres como de sus hijos.

De acuerdo con el estudio publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios, lo que más solicitan es: leche, pañales, servicio médico, medicinas para los niños, alimentos y ropa.

Además, fuentes de trabajo para las madres guarderías, visitas más seguidas y más largas, juguetes, espacios especiales para que duerman los menores, talleres para las madres, mejor trato de las custodias hacia los menores y apoyo legal, expuso.

De acuerdo con el estudio del Inmujeres, el tema de salud para las hijas e hijos de las madres en prisión es muy delicado, pues “58 por ciento de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34 por ciento no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13 por ciento no sabe por qué y otras no tiene acceso a vacunas; 50 por ciento mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25 por ciento por otra situación”.

Cuando las niñas o los niños se enferman, 40 por ciento recibe atención pediátrica dentro de la cárcel; 13 por ciento fuera del mismo; 12 por ciento no recibe atención pediátrica; 34 por ciento no respondió, mientras que uno por ciento dentro y fuera del centro, puntualizó. /lgg/m