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Durante la Mesa I “Fundamento constitucional de la prisión preventiva”, diputados y expertos coincidieron, por separado, en que esta herramienta legal, así como el aumento de penas, no contribuirán en la disminución de los delitos que se cometen en el país, pues consideraron que primero se requiere de una profesionalización de policías, Ministerio Público e impartidores de justicia.