El derecho a la consulta está relacionado con la libre determinación, en la medida que tiene como premisa el derecho y la capacidad individual y comunitaria, de los pueblos y comunidades de indígenas, para decidir con libertad, previa y debidamente informados, sobre asuntos de carácter privado o público y de interés comunitario, social y comunal, para conseguir su desarrollo económico, humano, político, social y cultural. En razón de lo cual, es una prerrogativa enmarcada en la relación de derechos que constituyen el derecho al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

En tal sentido, es un proceso regulado por el derecho internacional y vinculatorio para el gobierno mexicano. De ahí la relevancia de la revisión del marco legislativo mexicano que regula este proceso para, con ello, identificar algunos elementos que permitan visualizar los alcances y limitaciones jurídicas para el ejercicio de este derecho.