El fortalecimiento del Estado mexicano encaminado a combatir la corrupción comenzó por el reclamo ciudadano ante el daño que causa la inseguridad y de exigir instancias profesionales, eficientes y honestas que garanticen mejores condiciones de seguridad.

A partir de 2009 el Congreso da cuenta de una serie de iniciativas que se nutren del reclamo social y plantean alternativas de solución mediante reformas constitucionales y legales; es hasta 2014 que el Congreso aprueba finalmente la reforma constitucional para dar paso al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conformado por diversas leyes que favorecen una mejor coordinación institucional para enfrentar la corrupción y dar respuesta a las demandas ciudadanas.