El personal educativo debe, además de atender las obligaciones legales, adquirir conciencia plena de la relevancia que su trabajo tiene para los niños y adolescentes; saber que su intervención oportuna, detección y denuncia de casos de violencia sexual o de cualquier índole puede impedir la presencia de graves consecuencias en su salud e incluso salvaguardar su integridad, y que con su compromiso coadyuvará para lograr la dignidad.

Ninguna expresión de violencia contra niños y adolescentes puede ser tolerada; toda conducta de violencia puede prevenirse; en ello, la actuación transversal de los sectores público, privado y social es fundamental.