Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle son la clara evidencia del desgarre del tejido social en nuestro país. Las condiciones familiares que obligaron a una niña o niño a escapar de su casa son repetitivas: contextos de violencia sexual, física, psicológica, entre otras.

La garantía de derechos humanos de estas niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad y política de Estado, es decir, implica a gobierno y sociedad en su construcción histórica y cultural. Tendría que ser así, pues es esencialmente al interior de las familias en donde están ocurriendo estas rupturas que se extrapolan a las comunidades y a la sociedad en general, pero las conductas de los integrantes de la familia están influidas por la cultura y las acciones de gobierno en materia económica y política.