• El profesorado debe tener el perfil para ejercer su profesión: coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP
• La educación es un bien común orientado hacia el interés público y el desarrollo social y colectivo: Unesco

13-02-2019.- Durante el quinto día de las Audiencias Públicas en materia educativa, las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales conocieron los puntos de vista de organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, respecto de las reformas legales planteadas por el titular del Ejecutivo a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, estimó que las reuniones han sido un ejercicio impecable de participación plural; “se han escuchado más de 120 ponencias y todas enriquecerán el dictamen que elaboremos los legisladores”.

“Será responsabilidad de ambas comisiones conformar el mejor documento, a fin de beneficiar al Sistema Educativo Nacional”, comentó.

Al participar en la mesa “Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos Nacionales e Internacionales”, el coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, Francisco Cartas Cabrera, manifestó que el dictamen que elaborarán los legisladores abrogará una reforma educativa que resultó en la desvalorización de las y los docentes de México, y que no significó ningún avance en la calidad de la educación.

La iniciativa que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó, tiene como objetivo fundamental colocar el aprendizaje de las y los alumnos al centro, y crear un sistema con equidad y calidad, así como la revalorización integral del magisterio nacional.

“Por primera vez se contempla en el texto del artículo 3º constitucional el concepto de niñas, niños y jóvenes, en quienes radica el interés supremo de la impartición de enseñanza por parte del Estado para el bienestar”, abundó.

Añadió que “no se debe olvidar que la excelencia en el aprendizaje debe ser primordial; por eso, todo buen docente debe contar con el perfil para poder ejercer bien su profesión y ser capaz de transmitir fielmente conocimientos a sus alumnos”.

Destacó la creación del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio, ya que contribuirá a mejorar de forma permanente a los docentes través de estudios, mediciones e investigaciones especializadas.

Agregó que este organismo contará con un consejo consultivo que participará en la elaboración de un plan de gran visión educativa y de carácter indicativo que servirá de base para la formulación de programas de mediano plazo.

En su ponencia, Adolfo Rodríguez Guerrero, especialista en Educación de la Oficina de la Unesco en México, subrayó que la enseñanza es un derecho humano en el que deben garantizarse la equidad e inclusión. Además, destacó la necesidad de tener buenos maestros y directivos, así como monitorear las metas educativas en el ámbito nacional e internacional.

Indicó que la enseñanza tiene que entenderse como un derecho humano de todas las personas y como vehículo para garantizar sociedades pacíficas y sustentables.

Dijo que en el artículo 3º tiene que reafirmarse la integralidad de la formación basada en el respeto y dignidad de todas las personas, sin importar sus diferencias. “En contraste con una perspectiva individualista, proponemos que la educación sea un bien común orientado hacia el interés público y el desarrollo social y colectivo”.

Asimismo, explicó, en el articulado se debe garantizar que el Estado mexicano asuma políticas y enfoque sus esfuerzos en personas con mayores desventajas, incluyendo a mujeres, personas con discapacidad, poblaciones indígenas y niñas, niños y adolescentes en contextos vulnerables.

Aseguró que el Estado tiene que reafirmar su papel irrenunciable como garante, custodio y responsable principal de la educación, además de permitir mayor participación de todos los agentes sociales, públicos y privados en los distintos ámbitos de la calidad educativa.

En su turno, la diputada Idalia Reyes Miguel (Morena) destacó que la finalidad de las Audiencias Públicas es recoger la opinión general “para que no suceda lo mismo que con la reforma anterior, la cual se realizó en la opacidad y de espaldas al pueblo, en un recinto blindado por la fuerza pública”.

Dijo que no se ha logrado abatir el analfabetismo por razones de índole político, ya que “hubo un desmantelamiento de las instituciones, además de que el Estado renunció a sus deberes de otorgar las condiciones necesarias para las escuelas con la llamada autonomía de gestión”.

Agregó que la reforma de la administración anterior tuvo como saldo un grave conflicto social que desembocó en miles de maestros despedidos y cientos de encarcelados. La Cuarta Transformación tiene como eje rector la equidad y en esa dirección se busca garantizar la educación.

El diputado Esteban Barajas Barajas (Morena) consideró que la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo enriquece el legado de los Constituyentes de 1917 y de los grandes impulsores de la educación, como Justo Cierra y José Vasconcelos.

Resaltó que es una reforma de primer mundo que preparará a los estudiantes para la vida y que sirvan a la nación que tanto requiere de nosotros. Se brindará formación con principios y valores y que inculque en los alumnos honestidad, amor al prójimo y a la patria”.

Sarahí Gómez Cárdenas, diputada del PAN, subrayó la importancia de que en las escuelas se imparta educación de calidad pero, sobre todo, que anteponga el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Consideró que la reforma enviada por el Presidente de la República elimina la profesionalización del magisterio, lo cual “es una ofensa”. También implica un detrimento en materia de inclusión porque elimina la educación inicial.

Precisó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señalan a México como uno de los países de la región con menor desempeño educativo y de los que más apoyo requieren; por ello, es relevante impulsar la infraestructura en este rubro.

La diputada María de Jesús García Guardado (Morena) expresó que las audiencias públicas son un instrumento importante para la vida democrática del país, por lo que la participación de diferentes voces ayudará a que la propuesta del Ejecutivo quede integrada por los distintos sectores. “Si legislamos a favor de la educación estamos aportando un mejor futuro para el país. Se dice que una sociedad determina su potencial de desarrollo en función de su capacidad para educar”.

De la misma fracción parlamentaria, la legisladora Erika Mariana Rosas Uribe afirmó que los legisladores tienen la oportunidad de crear una estrategia educativa que atienda las necesidades de desarrollo y crecimiento de la población; que favorezca la composición de estructuras sociales y catapultar el potencial que tiene el país. “La propuesta del Ejecutivo se enriquecerá para crear una nueva realidad del sistema educativo”.

En su oportunidad, la legisladora Kehila Abigail Ku Escalante (MC) puntualizó que su fracción parlamentaria respalda las iniciativas y planteamientos que tengan como objetivo el desarrollo y beneficio de los ciudadanos. Se congratuló por las coincidencias que hay en los planteamientos de los organismos y la iniciativa del Ejecutivo. “Celebramos que en el artículo 3º se incluya como interés supremo a las niñas, niños y adolescentes y que no exista la evaluación punitiva para los profesores”.

El director del Centro de Estudios Superiores de Educación, Rafael Lara Barragán, destacó la importancia de la equidad en la enseñanza. “Es importante incluir ese concepto en la Constitución y en las leyes secundarias”.

Ante la nueva reforma en esta materia, dijo, se tiene la oportunidad de que los planteles de educación básica y de nivel medio superior se orienten a la generación de condiciones pertinentes que permitan mejorar el aprendizaje, a través del trabajo activo.

El vicepresidente de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Bernardo González Aréchiga, consideró necesario que el dictamen salvaguarde los conceptos de calidad y excelencia en el texto constitucional.

También destacó la importancia de que la educación sea derecho exigible por parte de alumnos, padres y sociedad en general y, por otro lado, como objeto de evaluación por medio de un cuerpo colegiado especializado. Agregó que la formación inicial y superior tienen que plasmarse con carácter obligatorio.

El investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pablo Clark García-Dobarganes, dijo que es indispensable valorar a los maestros de México y considerarlos como los principales actores de cambio del sistema educativo.

Refirió que es necesario reconocer el derecho de los infantes en el sistema de enseñanza, además de garantizar a los maestros una carrera que recompense su esfuerzo con base en criterios profesionales y no políticos. “La opacidad fue constante en la asignación de plazas, luego de la reforma de 2013, y no impulsó a los docentes”.

José Ignacio Ávalos, presidente de Un Kilo de Ayuda, afirmó que la educación inicial es prioritaria para el desarrollo de la infancia. “Se tiene que asegurar el máximo potencial físico y cognitivo de las niñas y los niños, ya que no existe ninguna otra forma de generar movilidad social más eficaz”.

A esa edad es donde se requiere un cuidado sensible, pues es cuando se construyen las fortalezas para aprender, crear, imaginar, solucionar, sintetizar, confiar, memorizar, comprender, intuir, socializar, colaborar, empatizar y agradecer; es decir, avanzar en su desarrollo personal.

La coordinadora general de la iniciativa nacional del Pacto por la Primera Infancia, Aránzazu Alonso, expresó que la discusión debe centrarse en cómo garantizar el derecho a la educación a los infantes, sobre todo porque es una obligación del Estado. Añadió que “es indispensable contemplar en el dictamen la enseñanza inicial”.

Expuso que el aprendizaje comienza desde el nacimiento y la formación de patrones neurológicos. Destacó la necesidad de respaldar a los padres de familia para que entiendan su responsabilidad, porque “ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, cuando es el gobierno quien tendría que apoyarlos para que los menores tengan el mejor desarrollo”.

Hiriam Valdez, de COMNAPAZ México, (agrupación que aglutina a 500 organizaciones en el país), llamó a los legisladores a que no dejen la cultura de paz a un lado, porque permitirá construir planes y programas de estudio y dar el siguiente paso para promover una ley federal de fomento a la cultura de paz y crear la comisión nacional en esa misma materia.

“Hay pocas universidades que tienen la maestría en educación para la paz y doctorados, quienes quieren estudiar esto tienen que ir al extranjero. Estamos en sus manos, la cultura de paz va a ser historia para poder abordar de una vez por todas la violencia como debe ser, por medio de los estudios de paz”.

El presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, recomendó retocar la iniciativa del Ejecutivo para reiterar el interés superior de la niñez, así como dejar claros los conceptos de equidad e inclusión, sin etiquetas que den lugar a juicios. Deseó que las omisiones sobre autonomía universitaria y educación inicial ya estén previstas para corregirse.

Dijo que “no puede haber regresiones en el dictamen y eliminar las referencias de aprendizaje, ni la obligación de las autoridades de establecer que el ingreso de docentes sea a través de concursos y no repartiendo plazas a favoritos o condicionarlas a temas políticos”.

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