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El principio de legalidad consiste en que las diputadas y los diputados deben de:
- Cumplir con las obligaciones que les imponen, en su calidad de legisladores, la Constitución, la Ley Orgánica y las demás disposiciones legales aplicables.
- En el ejercicio de sus funciones satisfacer el interés público.
- Prevenir e investigar los hechos que atentan contra la ética pública.
- Velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público del Estado.
- Denunciar la violación de las normas de interés público y en especial aquellas que atenten contra los derechos humanos.
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