Palacio Legislativo, 22-01-2014 (Notilegis).- La Comisión Permanente solicitó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, información sobre la especialización del personal que investiga, persigue y atiende a víctimas de delitos cometidos contra niñas y mujeres.

Mediante un punto de acuerdo, propuesto por la diputada Leslie Pantoja Hernández (PAN), los legisladores pidieron información sobre el cumplimiento de las garantías en la investigación, persecución y sanción de los crímenes contra las mujeres, uno de los objetivos de la reforma en la materia efectuada en 2012.

El documento señala que, en los últimos años, México ha avanzado en materia de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo con las modificaciones al Código Penal Federal, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la PGR, promulgadas en 2012.

No obstante, indica que el tema no ha sido atendido de fondo, ya que se han generado sistemas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero no se les ha dado cumplimiento cabal.

“Se ha notado la evolución en el desarrollo de normas que definan y regulen las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos… sin embargo, faltan muchos rubros por atender de manera más concreta; tal es el caso de las faltas de servidores públicos en atención de crímenes cometidos contra las mujeres en materia de feminicidio”, agrega.

Comenta que, pese a que hay leyes claras en las que se insta a las distintas instituciones a tener programas de estudios para la especialización de servidores públicos responsables de la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia de género, no se ha tenido claridad de las actividades que se están llevando a cabo para que efectivamente se les dé cumplimiento.

“La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”, señala.

Prueba de ello son los diferentes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Estado por incumplimiento de su deber de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres, como el caso conocido como “Campo Algodonero, dice.

Dichos fallos “han puesto en evidencia que las conductas dolosas de jueces, policías y fiscales impiden una investigación eficiente de los delitos”, concluye.

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