Palacio Legislativo, 28-01-2014 (Notilegis).- La Comisión de Justicia aprobó en sus términos la minuta que envió el Senado para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales y turnó el dictamen al Pleno, que podría discutirlo en su sesión del próximo martes.

La minuta fue aprobada por los senadores el pasado 5 de diciembre y turnada a los diputados que la avalaron con 22 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.

El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, adelantó poco antes, durante la plenaria de esta bancada, que este dictamen se discutirá el próximo martes, en la primera sesión del periodo ordinario que inicia el sábado.

Entre otras características, el nuevo código establece las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales.

Asimismo, los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños, respetando en todo momento los derechos humanos.

Este nuevo ordenamiento permitirá la uniformidad de la justicia en el país, tomando como base el modelo acusatorio.

Además, instituye la reglamentación de los actos de investigación que se relacionen con la posible violación a derechos humanos, o que afecten el debido proceso en el nuevo Código.

Reglamenta los cateos, la intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, las órdenes de aprehensión o detenciones, la toma de muestras sin el consentimiento del imputado, el registro de la investigación, el descubrimiento de la investigación, las inspecciones corporales, las entrevistas a testigos e imputado, y la identificación de sospechosos.

Finalmente, establece medidas alternativas de solución de controversias, a efecto de resolver los conflictos que deriven de conductas punitivas y, con ello, evitar juicios largos.

A partir del 9 de octubre de 2013, el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir un código penal único para las 32 entidades del país, lo que permitiría juicios más expeditos y transparentes.

Esto en cumplimiento de la reforma constitucional en la materia, efectuada en 2008, mediante la cual se estableció que el sistema acusatorio tendría ocho años para entrar en vigor y que para 2016 deberían estar unificados todos los sistemas penales del país.

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