Palacio Legislativo 01-04-2014 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó establecer medidas para prevenir y evitar la construcción de infraestructura, equipamiento urbano y viviendas, en zonas sujetas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos, a fin de prevenir afectación a la población y sus bienes.

El dictamen, que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos, fue avalado en lo general por 416 votos a favor, tres en contra y 12 abstenciones, y tras rechazarse una reserva se aprobó en lo particular con 336 votos a favor, 62 en contra y 14 abstenciones.

El documento surgió de una iniciativa presentada en noviembre de 2013 por la diputada Celia Gauna Ruiz de León (PRI) y se turna al Senado para su análisis.

El documento modifica diversos artículos de la legislación y agrega un capítulo Octavo Bis denominado “Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos”, donde se especifican las normas que deberán seguir la federación, los estados y municipios en la construcción de infraestructura.

Señala además que las zonas que se determinen como de alto riesgo en los planes o programas de desarrollo urbano sólo podrán tener un uso, destino o aprovechamiento compatible y conforme a los estudios de riesgo correspondientes.

Destaca que en caso de que hubiese algún riesgo, no se permitirá por ningún motivo alojar o construir infraestructura o equipamientos estratégicos, o vivienda.

Establece que las normas serán obligatorias para todas las personas, físicas y morales, públicas o privadas y señala las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio, tales como aprovechamientos urbanos, edificación de obras de infraestructura.

Precisa que los estudios de prevención de riesgos geológicos e hidrometeorológicos contendrán las especificaciones, que para tales efectos publique la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y deberá incluir además una opinión del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Indica que las autorizaciones para el crecimiento urbano deberán ajustarse a dichos estudios y opinión.

En ningún caso podrán asignarse usos o aprovechamientos urbanos o asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, en las cuales estará estrictamente prohibido realizar cualquier obra o edificación de carácter permanente, añade.

El dictamen también resalta que se garantizará la seguridad de los habitantes, a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos de origen natural.

Señala que corresponderá a las entidades federativas, en el ámbito de sus jurisdicciones, apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la prevención de riesgos en los asentamientos humanos, mediante la actualización o desarrollo de sus reglamentos de construcción.

Tratándose de proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo, conforme a los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a usos del suelo deberán solicitar un análisis de riesgos que identifique las medidas de mitigación aplicables.

La diputada Celia Gauna Ruiz de León explica que el cambio climático impacta a “millones de personas en condición de riesgo, afectando aún más aquéllas en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

En el caso de México, se calcula que cerca de 22 millones de personas están expuestas a “ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y descargas eléctricas; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados”.

Refiere que en el país existen 74 centros de población expuestos a riegos por los fenómenos hidrometeorológicos y a eso se suma que las ciudades están creciendo con graves problemas de desorden, carencias y deterioro.

Sostiene que la Ley General de Asentamientos Humanos vigente “contempla regulaciones específicas en materia de riesgos y protección civil”, pero aclara que “se carece de un instrumento normativo rector a nivel nacional, que fije los criterios generales para la ocupación del territorio en zonas de riesgo”.

Aclara que hace falta una normatividad que atienda a una mejor planeación para la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres naturales y el cambio climático.

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