Palacio Legislativo, 23-04-2014 (Notilegis).- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó una minuta del Senado para especificar en la Carta Magna que las elecciones también pueden ser declaradas nulas por adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, y no sólo por comprarla.

Dicha minuta, que deriva de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, el pasado 04 de marzo, adiciona la palabra “adquiera” al inciso b de la Base VI del Artículo 41 de la Constitución, la cual fue modificada con la reforma político-electoral, promulgada en febrero pasado.

Mediante la reforma político-electoral se estableció como causa de nulidad de las elecciones federales o locales la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.

“El término ‘compre’… resulta limitado e insuficiente en relación con el propósito de la reforma constitucional. Ello es así porque el acceso a la cobertura informativa o a tiempo de radio y televisión, no siempre se llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un precio cierto y en dinero”, expresó el Ejecutivo en su propuesta.

En el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales explica que el término ‘adquirir’ no necesariamente hace referencia a un pago para alcanzar el acceso a un bien o un derecho, sino incluye la posibilidad de que éstos se alcancen por medio de una figura diversa a la compra.

“El término ‘adquiera’ abarca toda la gama posible de acceso a radio y televisión más allá de la compra, porque esos tiempos se pueden adquirir por donación, regalo, cesión, aportación, entre otros mecanismos”, agrega.

Por ello, considera que al agregar la palabra “adquiera” al texto constitucional permitirá “poner un dique al papel determinante del dinero y los medios en los procesos electorales”.

Durante la reunión, los integrantes de la comisión también aprobaron un dictamen para establecer en la Constitución Política la obligación del Estado a garantizar el derecho de toda persona a la movilidad.

Los diputados adicionaron un párrafo al artículo 11 de la Constitución, mediante el cual se señala que “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.

Asimismo, avalaron modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de movilidad universal.

El dictamen aprobado deriva de una iniciativa presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), en septiembre pasado, y tiene por objeto garantizar la movilidad, entendida ésta como el derecho a que las personas puedan realizar de forma libre y segura cada una de las actividades que libremente se propongan.

“El reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad permeará en la obligación para las autoridades de todos los órdenes de gobierno del país, en implementar acciones encaminadas a garantizar que las personas realicen, en condiciones de seguridad, cada una de las actividades que decidan realizar”, señala el texto.

Asimismo, para que la ciudadanía tenga acceso a los servicios básicos que el mismo Estado está obligado a proporcionar, indica.

Explica que, muchas veces, se tiene a equiparar el derecho a la movilidad con el derecho al transporte, haciendo a un lado elementos como el medio ambiente, la seguridad, el espacio público.

Dentro del término también debe considerarse la infraestructura vial y lo relacionado a la movilidad peatonal, y no limitarse a las grandes ciudades, sino a todas las personas que habitan en áreas rurales y zonas metropolitanas, subraya.

El documento fue avalado con modificaciones en la redacción propuesta por los diputados Luis Espinosa Cházaro (PRD), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) y Amalia García Medina (PRD).

Ambos documentos fueron aprobados por mayoría y turnados al Pleno de la Cámara de Diputados para su eventual ratificación.

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