Palacio Legislativo, 17-05-2014 (Notilegis).- El espíritu de las reformas en materia político-electoral es que la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas mediante su voto, sea respetada por quienes compiten en una contienda y garantizada por una autoridad a prueba de toda duda, afirmó la vicecoordinadora del PRI, Adriana Fuentes Téllez.

También tienen el objetivo de garantizar la equidad, la transparencia la rendición de cuentas, aseguró la diputada en un comunicado.

El Congreso de la Unión aprobó esta semana, en el primer periodo extraordinario del receso legislativo, las leyes secundarias de la reforma político-electoral, que entró en vigor en enero pasado, y se turnaron al Ejecutivo federal para su promulgación.

Por ello, añadió, los estados que componen la Federación, deberán armonizar sus leyes con el ánimo de las reformas en la materia.

Recodó que las autoridades electorales que operen en las entidades cambiarán a partir de estas modificaciones, ya que serán designadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ello evitará que lleguen al cargo por consigna de quienes gobiernan en las entidades y puedan ser sujetos de presiones o coerciones”, aseveró Fuentes Téllez.

La legisladora priista por en Ciudad Juárez, Chihuahua, destacó que la equidad de género plasmada en las reformas, representa un gran avance para México en la materia.

“Por primera vez en la historia del país, se reconoce que la preparación, el talento, la sensibilidad y el compromiso de las mujeres mexicanas puede contribuir al desarrollo de las tareas legislativas y políticas”, indicó.

Aseguró que se evita la simulación y el engaño a la sociedad con candidaturas ficticias al proponer mujeres como candidatas, que al llegar a los congresos federal o locales, se van para que llegue a ocupar su lugar el suplente.

“Se hacen a un lado intereses de género, poder y dinero de grupos o partidos, como presenciamos en repetidas ocasiones aquí mismo en San Lázaro”, manifestó.

La vicecoordinadora precisó que las reformas son perfectibles y que el estado de las cosas no cambia por el simple hecho de votarlas.

Señaló que es una cuestión de cultura y se debe educar y reeducar para que se arraiguen en la sociedad valores como la honestidad, la honradez, la integridad y para que los actores políticos de todos los niveles en el país tengan un claro compromiso con sus electores.

Se trata de avanzar en la democracia y en la aplicación de las leyes que lleven a la justicia, que permee la transparencia. “Ese es el espíritu con el que legislamos”, agregó.

Comentó que en una de las leyes secundarias que envío el Senado a la Cámara de Diputados la semana pasada, uno de los artículos menciona un “haber de retiro” para los magistrados del Tribunal Electoral y aclaró que nunca se menciona la expresión “pensión vitalicia”.

Ya se prepara, dijo, una enmienda en la Comisión Permanente del Congreso, para aclarar ese tema.

Destacó que las leyes reglamentarias que se aprobaron son trascendentales para la vida política y económica del país.

La reforma al inciso b) del tercer párrafo de la Base IV del artículo 41 de la Constitución, incluyó el término “adquirir” en lo que se refiere a la cobertura en radio y televisión en campañas electorales –al igual que “compra”- ya que si están fuera de lo previsto por la Ley, será causa de nulidad de elecciones, mencionó.

Otra reforma es la aprobación al dictamen que expide la Ley General en materia de Delitos Electorales, la cual establece muy claramente los tipos penales, las sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

Finalmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con una votación de 381 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones.

Se reservaron para discutirse en lo particular alrededor de 80 artículos, pero ninguno sufrió modificaciones.

Estas reformas también transparentan el dinero que se utiliza en las campañas.

“Se ha aprobado que los partidos políticos puedan recaudar más fondos privados, pero bajo una estricta supervisión de la autoridad electoral. Se imponen sanciones que van de cinco a 15 años de prisión cuando exista una prohibición legal o se reciba dinero de fondos de origen ilícito o montos que rebasen lo permitido por la Ley”, subrayó.

“toda Ley o reforma es perfectible y éstas no son inmunes a errores humanos, intencionales o no. Lo que hemos hecho es dar mayores garantías a la sociedad, para que tenga contiendas electorales que garanticen la continuidad en la marcha del país. Buscar el mayor avance y equilibrio que una negociación política permite en ello. Por eso no son definitivas en el tiempo”, finalizó.

JGM