Palacio Legislativo, 21-05-2014 (Notilegis).- La magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, Lilia Mónica López Benítez, cuestionó si la inversión destinada a 614 “testigos protegidos” ha sido útil para desmembrar grupos de delincuencia organizada.

Del año 2000 al 2012, las autoridades mexicanas destinaron 178 millones 261 mil 493 pesos para cubrir los gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores, indicó durante la conferencia “Testigos Protegidos”, en San Lázaro.

Luis Mendoza Cruz, director de Estudios Parlamentarios del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), expuso que la conferencia se organizó con motivo del ciclo de éstas sobre el nuevo sistema de justicia basado en la presunción de inocencia y el pleno respeto de los derechos humanos.

López Benítez mencionó que, según datos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), de 2000 a 2012, se tienen 614 testigos protegidos, de los que muchos han muerto, a pesar haber sido sujetos de protección, pues, incluso, los han matado grupos de sicarios.

“Es una cantidad verdaderamente importante, tendríamos que cuestionarnos si ha valido realmente la pena”, aclaró.

Destacó la importancia de valorar “si la protección de estas personas al costo al que me he referido, realmente han sido útiles para desmembrar grupos de delincuencia organizada y para que las personas que han cometido hechos ilícitos realmente estén purgando penas privativas de libertad”.

La magistrada comentó tres puntos pendientes legales de resolver: que el Poder Ejecutivo implemente políticas públicas de justicia y seguridad que privilegien la investigación policial, pues “de nada nos va a servir tener testigos protegidos (que nos están costando), si no tenemos una policía de investigación”.

Que el Poder Legislativo reconsidere que sea “un juez de cateos, arraigos e intervención de comunicaciones” el que defina en última instancia quién puede ingresar a un Programa de Testigos Protegidos, a fin de separar las tareas de la procuración de las de impartición de justicia y tener una resolución totalmente imparcial.

En el caso del Poder Judicial -sugirió López Benítez- que sean los “jueces de control” quienes autoricen la figura de testigos protegidos, como una medida cautelar a las que se refiere la reforma constitucional en materia penal de 2008.

Aun cuando “se han dado pasos estructurales fundamentales, nos falta dar un paso para legitimarlo (el Programa de Testigos Protegidos), que es la intervención de los jueces de control, para que tengamos un instrumento operativo que nos sea útil en la lucha contra esta criminalidad que está azotando a nuestro país”, concluyó.

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