Palacio Legislativo, 24-07-2014 (Notilegis).- Los crecientes pasivos por pensiones en México representan un reto por la insuficiencia de los fondos fiduciarios para cubrir las obligaciones contraídas con los trabajadores, denunció el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT).

El secretario de la Comisión de Gobernación indicó que los estados que presentan mayor déficit en sus sistemas de pensiones son Sinaloa, Tabasco, Baja California y Veracruz.

Tan sólo en el caso de Veracruz, el pago de pensiones a los trabajadores de la entidad representa un monto de cinco mil 888 millones de pesos (mdp), equivalente al 6.2 por ciento del presupuesto de egresos estatal, explicó.

Argumentó que de ese monto sólo el 48 por ciento, es decir dos mil 849 mdp, es cubierto con recursos propios del Instituto de Pensiones del estado de Veracruz (IPE). El restante 52 por cierto, alrededor de tres mil 39 mdp, se cubre con ingresos corrientes del gobierno de la entidad.

Manuel Huerta resaltó que el déficit financiero del IPE pone en riesgo el pago a 25 mil 845 pensionados y jubilados, así como la nómina de los trabajadores al servicio del instituto.

Por ello, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar al gobernador de Veracruz a que publique los estados financieros del instituto de pensiones de Veracruz e implemente una auditoria de resultados de las reformas al sistema a partir de 1996, para determinar la seguridad del pago a pensionados y jubilados.

Detalló que el sistema se ha venido modificando para atender el déficit financiero, con reformas en 1996, 2000 y 2007, básicamente a través del aumento en cuotas y edad por pensión por jubilación y vejez.

Sin embargo, puntualizó, “no existe la publicación de un estudio objetivo e imparcial del gobierno estatal que justifique la descapitalización del sistema de pensiones”.

En la reciente reforma estatal, no se aporta información básica que permita determinar las causas de la descapitalización y la administración de las aportaciones tanto de trabajadores como del estado, aseguró.

“La opacidad y la corrupción son factores que obligan a la rendición de cuentas para determinar la responsabilidad de servidores públicos en la administración de los recursos del sistema de pensiones y el estado de crisis que presenta”, agregó.

El diputado Huerta expuso que el pasado 18 de julio, el Congreso de Veracruz aprobó la Ley de Pensiones para el Estado, con la cual ajusta los montos de las aportaciones, establece la edad por jubilación, aumenta la edad por vejez y disminuye la antigüedad para obtener la pensión por invalidez, e instaura el “Sueldo Regulador” que sirve de base para la pensión.

De igual modo, se determinó un aumento en las cuotas y aportaciones para las nuevas generaciones de trabajadores y pensionados, el cual pasa de 11 al 15 por ciento para el empleado y de 13.53 al 20 al Estado, y 15 por ciento del monto de la pensión al beneficiado, agregó.

Planteó no someter la viabilidad de las nuevas reformas a los supuestos beneficios que aporta a los trabajadores, sino a la información contable que permita proyectar prospectivas auditables de su viabilidad y de medidas que impidan el desvío de sus recursos financieros.

RED/JGM