Nota N°. 7540 Dictamen que discuten diputados busca armonizar medidas de responsabilidad hacendaria y lineamientos de deuda pública con nuevo esquema del sector energético: Treviño Villarreal

 

Palacio Legislativo, 25-07-2014 (Notilegis).- Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública buscan primordialmente armonizar las medidas de responsabilidad hacendarias y lineamientos de deuda pública bajo el nuevo esquema planteado para el sector energético.

 

Asimismo, delinear los aspectos presupuestales asociados al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, afirmó el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al iniciar la discusión del dictamen que reforma esas leyes.

 

En el análisis también participa la Comisión de Energía.

 

Al comentar al inicio de la sesión el documento que se analiza, el legislador priista señaló que con el manejo responsable de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, se mantiene una estrecha coherencia con la reforma constitucional que se aprobó el año pasado en materia de energía.

 

“Derivado de la transición de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a ser empresas productivas del Estado, resulta necesario revisar el marco legal para garantizar su autonomía presupuestal”, agregó.

 

Sostuvo que la principal modificación a esta iniciativa que turnó el Ejecutivo federal a San Lázaro, como cámara de origen, consiste en que el régimen especial en materia de presupuesto y deuda de las empresas productivas del Estado será motivo de las respectivas leyes de Pemex y de la CFE.

 

Se elimina de la propuesta del Ejecutivo el artículo quinto bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 22 bis de la Ley General de Deuda Pública.

 

“Las reformas y adiciones que se presentan en este dictamen se refieren en lo medular al destino de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo”, añadió.

 

Este dictamen plantea en primer lugar adecuaciones al cálculo del límite máximo del gasto corriente estructural, para excluir de su cálculo el gasto de las empresas productivas del Estado.

 

Dicho límite máximo fue concebido para contener el crecimiento del gasto corriente del gobierno federal, con el objeto de que mantenga su proporción con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y así mayores ingresos se traduzcan en mayor ahorro y en mayor gasto de inversión.

 

“Si bien, lo anterior es una medida deseable para el gobierno federal, no lo es al menos en el corto plazo para las empresas productivas del Estado, ya que se estima que bajo la nueva estructura de mercado, éstas buscarán tener mayor flexibilidad para crecer y para competir en igualdad de condiciones con las empresas del sector privado”, sostuvo el diputado.

 

El documento también contempla un manejo más transparente de los recursos que se generen por encima de los límites máximos de los fondos de estabilización.

 

En tercer lugar, se detalla de manera muy clara y transparente el mecanismo que se utilizará para la distribución de los ingresos petroleros del Fondo Mexicano del Petróleo.

 

En el título 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece una prelación y unos porcentajes de distribución de los ingresos petroleros que representan, incluso, una mejora sobre el esquema actual.

 

Entre otros aspectos, asegura un flujo anual positivo para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a diferencia del esquema actual donde el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas sólo recibía ingresos en caso que el precio del petróleo sea mayor al presupuestado.

 

Asimismo, la iniciativa corrige la propuesta inicialmente enviada por el Ejecutivo federal, donde se establece un monto máximo a destinarse a ciencia y tecnología.

 

En lugar de un monto máximo, la presente iniciativa plantea un porcentaje de los ingresos petroleros para que la cantidad que sea destinada a dicho concepto pueda crecer a la par de la recaudación que se genere por la explotación de los hidrocarburos de la nación.

 

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