Palacio Legislativo, 18-08-2014 (Notilegis).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe llevar a cabo una reestructuración efectiva que garantice la defensa de las garantías individuales con oportunidad y eficiencia en materia de protección a migrantes, periodistas, mujeres y población vulnerable, coincidieron legisladores y especialistas.

Durante la inauguración del coloquio “Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, en San Lázaro, señalaron la importancia de que dicha instancia vigile el cumplimiento y objetivo para el que fue creada.

En el evento, que se realiza este lunes, participan legisladores, asociaciones civiles, y contempla los paneles: “Migrantes”, “Desaparición forzada”, “Defensores de derechos humanos y periodistas”, “Transparencia y rendición de cuentas” e “Igualdad de género”.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT), secretaria de la Comisión de Derechos humanos, expresó que los derechos humanos de la población migrante deben asegurarse de manera integral, no permitir la violación de éstos y lograr que este sector cuente con acceso a la justicia, protección y seguridad.

Al participar en el panel “Migrantes”, la legisladora también indicó que es necesario reivindicar la labor del Ombudsman al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la seguridad y protección de estas personas durante su tránsito.

Añadió que las vejaciones se registran a lo largo de todo su recorrido, pero “se presentan de manera más cruda cuando ingresan a las estaciones migratorias”.

Ortiz Ahlf pidió garantizar el acceso pleno a servicios de salud, además de que se les otorgue “trato humano y digno, acceso a justicia, a no ser torturado, a contar con notificación consular, a no ser privado ilegalmente de la libertad, reunificación familiar”.

Gabriela Morales García, integrante del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdova A.C., consideró que en las estaciones migratorias se requiere de una presencia más eficiente y permanente de la CNDH, que vigile su desempeño, ya que “en el tema migratorio tenemos que poner especial énfasis en el tiempo, porque éste es clave para las personas migrantes”.

Agregó que “el trabajo que se realiza en las estaciones (migratorias) ante el accionar de cualquier tipo de queja, los tiempos de resolución pueden ser bastante largos e inadecuados”.

Asimismo, dijo que en lo referente a medidas cautelares, cuando se llega a obtener repuesta sobre algún hecho en particular, muchos de éstos ya se han consumado, “entonces la función y el objetivo de prevención de la medida cautelar es difícil que se cumpla”.

Samuel Kenny, miembro de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, denunció que han detectado deficiencias en los procesos de investigación y recomendaciones emitidas por la CNDH en el tema migratorio.

Expuso que específicamente en la recomendación emitida por la Comisión por la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, en donde fueron asesinados 72 migrantes, existen elementos suficientes para clasificarla como grave violación a derechos humanos y hacer público el expediente de investigación.

Opinó que en el mismo caso no se recomendó ninguna reparación de daños a los familiares de las víctimas, y no se mencionan los estándares bajo los cuales las autoridades deberán determinarlos.

Asimismo, añadió que existen informes de 2009 y 2011 sobre secuestros y en donde se identificaba contexto de violencia que se vivía en estados como Tamaulipas y Coahuila, sin embargo, a partir de “2011 no existen informes, no existe un seguimiento puntual de la CNDH”.

El director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, cuestionó las acciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante las desapariciones forzadas en el país.

El especialista comentó que la posición del organismo ante esta problemática está “fuera de contexto”.

Expresó que, desde los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Sucia (desde el final de la década de 1960 hasta principios de los años ochenta), la CNDH ha mantenido “un discurso fuera de contexto en materia de impunidad y de justicia de transición”.

Guevara Bermúdez puntualizó que Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, ha indicado que existen 24 mil 800 casos de personas desaparecidas “que no han encontrado en las autoridades del Estado mexicano una respuesta eficaz en su búsqueda y localización”.

Manifestó su desacuerdo que, ante estas cifras, la CNDH no haya tenido un pronunciamiento general del fenómeno y solamente haya emitido, hasta el momento, 10 recomendaciones, con 26 víctimas.

Guevara Bermúdez también indicó que, contrario al estándar internacional, la CNDH avaló, en su momento, la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos, así como la estrategia de militarización de la seguridad pública con pretexto del combate al crimen organizado o al narcotráfico.

Al participar en el panel “Defensa de los Derechos Humanos y de Periodistas”, Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, destacó que “hemos registrado diversas violaciones a la libertad expresión y manifestación, sin que la CNDH haya actuado con oportunidad y eficiencia”.

Como ejemplo, la ponente se refirió a la actitud “silente” de la propia CNDH en los casos de la aplicación de legislaciones como la llamada “Ley Bala” en Puebla (Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública), cuya aplicación provocó la muerte de un menor de edad”.

También mencionó la denominada “Ley Borge” (Ley de Ordenamiento Social) en Quintana Roo, que limita el derecho a la manifestación pública, y en el estado de Chiapas, el código, posteriormente derogado, que facilita el uso legítimo de la fuerza ante expresiones públicas pacíficas”.

Lo anterior, explicó, “no es un asunto menor. El respeto a la libertad de expresión y manifestación es una piedra angular de la democracia y su violación provoca retrocesos indeseables”.

Por su parte, Iván Báez, oficial de Protección de Artículo 19, afirmó que la CNDH “nos queda a deber mucho en materia de defensa de la libertad de expresión y defensa de periodistas”.

A manera de ejemplo, el defensor de los derechos humanos dijo que en el año 2013 “la CNDH emitió sólo dos recomendaciones relacionadas con violaciones a los derechos de periodistas, cuando se conocieron 68 casos en la materia y no se informa qué pasó con otras 66 quejas”.

Finalmente el expositor solicitó que la CNDH proporcione informes de su actuación cada mes, dos o tres meses, y no anuales porque ello no permite hacer un balance oportuno del quehacer de dicha Comisión”.

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