Palacio Legislativo, 11-09-2014. (Notilegis).- La comisión especial que da seguimiento a la contaminación en el Río Sonora entregará este viernes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) su informe sobre ese derrame tóxico y se podría votar en la sesión del Pleno, el próximo miércoles, afirmó su presidente, Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI).

“El informe se concluye mañana (viernes) y mañana mismo espero mandarlo a la Jucopo y que se presente al Pleno de la Cámara el miércoles 17, que la cámara vote las recomendaciones que la comisión quiere hacerle tanto al gobierno federal como a nuestra propia responsabilidad como legisladores”, dijo.

El pasado 6 de agosto se registró el derrame tóxico de sulfato de cobre sobre el Rio Sonora, por parte de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., del Grupo México, lo que afectó a siete poblaciones de ese estado, en actividades agrícolas y ganaderas, así como en el consumo de agua.

Ante esta situación, el pasado 26 de agosto se instaló en San Lázaro la “Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora”, que visitó la zona para elaborar un informe sobre este caso.

Bernal Gutiérrez explicó que el informe se basará en tres aspectos:

“Que la empresa definitivamente mintió (en su primer reporte sobre las causas de la contaminación); dos, que el daño es muy considerable y tercero que el gobierno federal tiene que apoyar al legislativo en que endurezcamos la legislación bajo el principio básico de que el que contamine pague”, precisó.

El presidente de la comisión especial señaló que propondrán una legislación que detalle los pasos que se deben seguir cuando se presente un caso de esta naturaleza y las sanciones tendrán que incrementarse, “ya que hasta ahora la ley da una serie de multas que nos parecen irrisorias y se tienen que endurecer”.

Añadió que también propondrán que se establezca un fondo de desarrollo regional y que éste sea manejado por un comité integrado por autoridades locales y pobladores, para que reimpulse la economía de la zona y se enfrenten los efectos a largo plazo que el derrame tóxico pueda tener en la salud de los habitantes.

Precisó que como legisladores no pueden pedir que se retire la concesión a la mina, pero sí que suspenda actividades mientras se realiza una investigación y cuantificación de los daños.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que la comisión está actuando con responsabilidad y mano firme, ya que no se puede permitir que una empresa engañe y ponga en riesgo la economía y la salud de los habitantes.

“Aquí nadie puede estar encima de la ley, trataron de engañar a la opinión pública y descubrimos ese engaño y aquí y en cualquier lugar del mundo, el que miente se le dice mentiroso”, dijo.

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