Palacio Legislativo, 30-09-2014 (Notilegis).- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, consideró necesario modificar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para establecer penas más fuertes a quienes violen las disposiciones en la materia.

A la ley le “faltan dientes”, ya que la mayor multa que considera es de 40 millones de pesos, indicó al comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo del análisis del segundo informe de gobierno del Ejecutivo.

Agregó que una sanción por ese monto es pequeña, considerando casos como la reciente contaminación con sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi, en esa entidad, causados por la empresa minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

“Una multa de 40 millones de pesos para el derrame que se sufrió en Sonora parecería muy pequeña, pero, sin duda, es la máxima que la ley prevé”, dijo e insistió en la necesidad de modificar la ley y establecer penas más fuertes para quienes violen la legislación en materia ambiental.

Guerra Abud explicó que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es de creación reciente, pues fue publicada en junio de 2013, y se ha convertido en un primer instrumento que ayuda a responsabilizar a quienes afectan al medio ambiente, para que lleve a cabo la reparación del daño.

Comentó que, de manera práctica, el derrame de sustancias tóxicas en los ríos de Sonora ha sido el primer caso donde se ha aplicado la nueva legislación, y ésta ayudó a exigir a la mina la remediación de los daños.

El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, señaló que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental debe modificarse, en especial para fortalecer el papel del Estado como protector del medio ambiente.

“La ley es positiva, es un gran esfuerzo, tiene muchísimas bondades, pero estoy seguro que, con el cobijo de ustedes, podrá modificarse en el sistema, las multas y en fortalecer, principalmente, el papel del Estado como defensor del medio ambiente”, expresó.

Puntualizó que, en especial, debe modificarse la ley para evitar que haya inequidades procesales en los procedimientos judiciales y fortalecer el papel del Estado como agraviado por los daños causados al ambiente.

Asimismo, se pronunció porque las multas no se apliquen solamente al final de un proceso judicial largo y con pruebas de que el daño fue causado de manera dolosa.

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