Palacio Legislativo, 30-09-2014 (Notilegis).- Diputados del PRI, PVEM y NA respaldaron la política ambiental del gobierno federal y sus logros, mientras que legisladores del PAN, PRD, MC y PT cuestionaron la falta de prevención de daños ambientales, sobre todo por el caso del derrame de sustancias tóxicas de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Representantes de las siete fracciones parlamentarias fijaron su posición durante la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Juan José Guerra Abud y Guillermo Haro Bélchez, respectivamente, con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del Ejecutivo.

La diputada María Concepción Navarrete Vital (PRI), destacó las acciones que Semarnat y Profepa han llevado a cabo durante la presente administración en materia de conservación, aprovechamiento de ecosistemas, prevención y control de la contaminación y combate al cambio climático, mejorando el bienestar social de la población.

Puntualizó que se han aplicado programas estratégicos regionales y anuales que coadyuvan a la protección de espacios naturales con una visión de futuro y se han diseñado medidas y opciones tecnológicas para transitar a una economía verde, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Consideró que durante el reciente derrame tóxico en Sonora, que afectó a miles de habitantes, las autoridades federales, en coordinación con el gobierno de la entidad, han sabido controlar y dar solución al incidente.

El diputado Ramón Sampayo Ortíz (PAN) afirmó que el segundo informe presidencial evidencia una falta de visión preventiva y no presenta información relevante sobre los avances de identificación de zonas de riesgo para evitar los fenómenos catastróficos de origen hidrometeorológico y otros.

El presidente expuso que se debe actuar con firmeza para aplicar la ley y sancionar a quienes atenten contra los patrimonios nacionales de los mexicanos y no se han visto acciones contundentes para evitar y amonestar a entidades públicas o privadas que causen daños a los ecosistemas y la población, dijo.

Señaló que esto se comprueba en los casos de contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, provocados por la minera Buenavista Cobre, en Sonora; también con el derrame petrolero del Río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León; así como los derrames recientes de aceite y gas en el pozo de Águilas Naranjo, en el arroyo hondo, en Naranjos, Veracruz.

La diputada Claudia Elena Águila Torres (PRD) enfatizó que la propuesta de reforma energética, con la eminente explotación del gas Shell mediante la técnica de la fractura hidráulica, que requiere de hasta 29 millones de litros de agua para un solo pozo, atenta contra el derecho de este líquido.

“Con la reforma energética se perdió la oportunidad de aprovechar las energías limpias, se sigue con el paradigma de explotar los combustibles fósiles, (por ejemplo) el gas de Lutitas tiene un alto riesgo su extracción”, aseguró.

La legisladora exhortó a la Semarnat y a la Profepa a fortalecer las acciones en defensa del medio ambiente, que se observe con puntualidad la reglamentación de las concesiones, que se cumpla con el marco legal a favor del medio ambiente y no de los “megaproyectos que afectan a muchos y favorecen a unos cuantos”.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM) indicó que la inversión que se debe hacer en el futuro es mantener los flujos de energía y materiales de los ecosistemas hacia la sociedad y la economía, de forma sana en un equilibrio dinámico que permita, con un marco jurídico sólido, generar una base de bienestar humano, respetando los límites de la naturaleza y promoviendo la equidad.

“Es por ello que tenemos un fuerte compromiso con la nación, con el presidente de nuestro país, Enrique Peña Nieto, en cumplir de forma sectorial y transversal el cumplimiento de las metas en materia de medio ambiente, que vienen planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo”, resaltó.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (MC) subrayó que México ha avanzado en materia de regulación ambiental, sin embargo, son las instituciones del gobierno federal las que no han cumplido con su obligación de velar por los recursos naturales y han permitido que los intereses económicos se sobrepongan.

La legisladora aseveró de un ejemplo de la impunidad en materia ambiental es el reciente derrame de más de 40 mil metros cúbicos de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de Grupo México, donde las sanciones no corresponden a la magnitud del desastre.

“Ninguna riqueza será suficiente para reconstruir el mundo que estamos a punto de devastar”, mencionó.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) sostuvo que los daños ambientales que han ocurrido recientemente, “dan una idea” de que la política ecológica de esta administración no es “alentadora”, por lo que México “está lejos de ser un país que tienda hacia una economía verde”.

Agregó que las cifras expresadas en el Segundo Informe de Gobierno reflejan que las principales causas del daño ambiental son debidas a la explotación de hidrocarburos, donde no existen acciones preventivas en las zonas de alto riesgo.

Apuntó que la aprobación en la reforma energética de la fractura hidráulica, denominada fracking, como método para extraer hidrocarburos, implicará daños al medio ambiente y dañará la salud de las personas.

La diputada Cristina Olvera Barrios (NA) explicó que el gobierno mexicano ha asumido el compromiso de proteger el medio ambiente y su biodiversidad, a través del fortalecimiento de los instrumentos legales.

Comentó que las amenazas a los ecosistemas tienen su origen en el cambio de tipo de uso de suelo, por la actividad agropecuaria y humana.

Se pronunció por una mayor vigilancia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de la tala de árboles ilegal y la introducción de especies invasoras en diversas comunidades del país.

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