Palacio Legislativo, 16-04-2015 (Notilegis).- El grupo de trabajo sobre el caso Tlatlaya concluyó que, en ese hecho, registrado el 30 de junio de 2014 en el Estado de México, hubo uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esa acción tuvo por consecuencia que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida, en un contexto de ejecuciones extrajudiciales, se señala en el informe final de actividades de ese grupo de trabajo.

El informe lo entregó a la prensa la coordinadora del Grupo de Trabajo Plural de la Cámara de Diputados para Coadyuvar con las Autoridades Competentes en la Investigación de los Hechos Ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, Elena Tapia Fonllem (PRD).

El documento, de 46 cuartillas, contiene 39 puntos que integran sus conclusiones finales y se divide en los siguientes apartados generales: Introducción, Fundamento; Integración y plan de trabajo, Cronología de reuniones de trabajo, Consideraciones sobre la información recabada, Conclusión y Conclusiones finales.

Señala que con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Sedena reconoce que en ese caso se violaron los derechos a la vida, en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia, en agravio de 25 personas, y a la integridad, en agravio de tres personas.

Según la CNDH, los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos se encuentra en: la alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes, presuntamente por funcionarios del gobierno del Estado de México.

También en las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos del Gobierno del Estado de México.

Considera insuficiente la información aportada a este grupo de trabajo por parte de la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México.

Hace un llamado a esas instituciones para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, para la ciudadanía, en especial, a partir de la consideración de que se configuran violaciones graves a los derechos humanos.

El documento subraya que con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la CNDH, el gobierno del Estado de México reconoce que en el caso Tlatlaya se violaron los derechos a la integridad, seguridad personal y a la libertad sexual, en agravio de 3 personas.

Asimismo, a la verdad, al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, en agravio de 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas.

Se exhorta a las autoridades federales, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y los gobiernos de los estados de México, Guerrero y Morelos, para que emprendan en conjunto una campaña de difusión, a fin de convocar a las víctimas indirectas del caso a contactar a las instancias de procuración de justicia y de atención a víctimas y ejercer los derechos que les corresponde.

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