Palacio Legislativo, 03-02-2015 (Notilegis).- Diputados de todas las fracciones parlamentarias fijaron su posición ante el Pleno sobre el informe que aprobó el domingo pasado la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se Hayan Destinado a la Línea 12 del Metro.

La Línea 12 fue inaugurada el 30 de octubre de 2012, con una extensión de 24.6 kilómetros de vías dobles y una afluencia de 435 mil usuarios por día, pero el 11 de marzo de 2014 las autoridades del Distrito Federal suspendieron el servicio en 11 de sus 20 estaciones, por fallas en la estructura.

La comisión especial que sobre ese tema se estableció en la Cámara de Diputados , aprobó el pasado domingo un informe preliminar, en el que sostiene que el origen de las fallas se debe a deficiencias de diseño y falta de coordinación de los trabajos, el cual fue presentado este martes en la sesión del Pleno.

Al iniciar la discusión del tema en la agenda política de la sesión, el presidente de comisión especial, Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), afirmó que el informe no se constituye como final, sino un recuento parcial, que tiene como fin colaborar con el esclarecimiento de los hechos y consecuencias, de lo que llamó un “desastre financiero”.

Recordó que fueron 22 mil millones de pesos erogados de 2007 a 2012, para la construcción de la línea, de los cuales más 60 por ciento son recursos federales; además de que se han destinado cerca de 62 millones de pesos para identificar fallas y al menos 100 millones de pesos para instituir un servicio emergente de la red de transporte.

Consideró que se requiere una investigación profunda y de la intervención de autoridades competentes para deslindar responsabilidades de funcionarios públicos y de empresas involucradas, ya que el daño causado al erario público es “evidente e innegable”.

El legislador solicitó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, impulsar a la brevedad, en coordinación con el Proyecto Metro y con la Contraloría capitalina, procedimientos resarcitorios que deriven de la determinación de responsabilidades de servidores públicos o de empresas, así como la ejecución de las garantías que permitan operar a la línea 12.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN) destacó que el informe sobre la Línea 12 trae aspectos muy importantes. Por ejemplo, el como que habrá reparaciones por vicios ocultos y que se debió haber contratado a una aseguradora para que hubiera una fianza.

Aseguró que esta línea ha sido un ejemplo vivo de corrupción, pues los gobiernos de la ciudad de México, en los últimos años, se han distinguido por construir obra pública a través de procedimientos sin licitación o contrataciones sumamente opacas.

En el PAN se quiere que la línea funcione, sea de calidad y eficaz; que se reparen las viviendas afectadas y que los culpables de este fraude sean llevados ante la justicia, además de que funcionarios y ex funcionarios vengan y digan lo que a su derecho convenga, dijo.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD) manifestó que la inconformidad de su fracción estriba en que es “un informe parcial”, porque detrás de éste “hay una evidente consigna de instrumentalizar el debate sobre la Línea 12 como un ataque a todas las izquierdas, ante el declive electoral del PRI y sus testaferros”.

Puntualizó que el PRD está de acuerdo en que, si hubiera necesidad, se finquen responsabilidades, pero “no podemos convalidar una aviesa, obscura y torcida pretensión, que desde la oficina de la Presidencia se nos quiere aquí venir a endilgar” con el informe presentado por la comisión especial de la Línea 12 del Metro.

“El uso que le ha dado el PRI a este informe de trabajo evidencia sus intereses, que solamente pueden ser interpretados en clave electoral. Han presentado, votaron y aprobaron un documento lleno de falacias, que omite o menciona datos según conviene a su posición política”, señaló.

El diputado Antonio Cuellar Steffan (PVEM) aseguró que la ciudadanía sufre las afectaciones por un desfalco por 42 mil millones de pesos, y recordó que los datos que arroja el informe fueron proporcionados por las autoridades del Distrito Federal.

“El informe contiene recomendaciones que nosotros estamos emitiendo como representantes de la sociedad, porque ese es el sentir de la gente que está afuera, que a pesar de que paga cinco peso diarios (por boleto del Metro), desde hace mucho viene viendo cómo se deteriora el servicio”, indicó.

Añadió que la garantía de derecho de audiencia, que piden algunos legisladores, se va a tener, en cuanto un juez ordene la sentencia de condena o de prisión en contra de los responsables.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) refirió que desde abril, cuando se constituyó la comisión especial, ha habido un tratamiento partidista “y hoy el informe que se presenta, con prisa y descuido de los procedimientos y de las normas parlamentarias, no solamente es faccioso, sino que es mentiroso y parcial”

“Todo lo que han hecho, ha sido por consigna para golpear políticamente al ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón…es una venganza urdida en el Palacio de Los Pinos”, subrayó.

Afirmó que el informe presentado por la comisión es una versión incompleta, con el propósito de juzgar al ex mandatario capitalino.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) señaló que “la comisión especial se extralimita en su objeto y en sus atribuciones; no cumple puntualmente con su preciso objetivo de dar seguimiento a los recursos federales que se hayan destinado a la Línea 12 del Metro”.

Agregó que dicha comisión especial “aún no está en condiciones de hacer un informe final, las tareas y revisiones han sido superficiales; no se ha solicitado toda la documentación importante; no se ha citado a todos los actores involucrados, consorcio certificador, empresas supervisoras, funcionarios públicos y consorcio constructor”.

Exhortó a la comisión especial a que “continúe y complete su investigación con seriedad en la materia que es de su competencia. Debemos allegarnos de toda la información, bitácoras, minutas y actas que no se han revisado”.

La diputada Cristina Olvera Barrios (NA) señaló que no se debe perder de vista que la suspensión del servicio ha causado un grave daño patrimonial, social y laboral a la ciudadanía y urgió a que se determinen de manera puntual las causas que lo motivaron.

Consideró que deben fincarse las responsabilidades pertinentes a las partes involucradas, sin excepción ni impunidad, y las decisiones que se tomen deberán estar orientadas a dar certeza y seguridad jurídica, con las acciones que a los legisladores les competen.

“Demandamos que se restablezca, a la brevedad posible, este servicio de trasporte, con la mayor seguridad y el menor de los costos para los usuarios…es por y con la ciudadanía con quien debemos y tenemos que trabajar, en primera y última instancia”, dijo.

Por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que “en política existen principios y se exige congruencia”.

“Si la finalidad es el combate a la corrupción en la Línea 12 del Metro, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría del Distrito Federal o la Asamblea Legislativa del D.F. pueden iniciar procedimientos administrativos y penales contra los actos de corrupción que se pretenden imputar a los funcionarios de alto nivel que toleraron contratos ilegales y desvío de recursos”.

Pidió a los legisladores “determinar, con dignidad e independencia política, la devolución del informe a la comisión, para que se ajuste al objeto para el cual fue creada. (y) Que ésta se conduzca con legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza”.

LSN/MAV/YRE/JGM