Palacio Legislativo, 8-02-2015 (Notilegis).- Diputados del PRD se reunirán esta semana con representantes de unas 75 instituciones de la academia, de la sociedad civil e instituciones públicas, que promueven una iniciativa para construir un Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de impulsar una propuesta común en el Congreso de la Unión, afirmó su coordinador, Miguel Alonso Raya.

El proyecto ciudadano, que tuvo su origen en la Red por la Rendición de Cuentas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ha sido presentado por sus promotores a partidos políticos y al gobierno federal, en el marco de la discusión de este tema, indicó en un comunicado de prensa.

Señaló que se plantea como premisas básicas la necesidad de ir más allá de lo punitivo y atender las causas de la corrupción, que debe existir inteligencia institucional para luchar contra ella y construirse un entramado institucional de pesos y contrapesos para evitarla.

Asimismo, establece como pilares del sistema a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción y al Tribunal Federal de Cuentas.

Se propone que la SFP sea un órgano interno de la administración pública que supervise y controle el combate a la corrupción, establezca un sistema profesional de carrera para auditores del gobierno federal, y coordine el sistema de control interno, incluyendo a gobiernos locales y organismos autónomos.

Su titular sería designado por el Presidente de la República y avalado por el Senado de la República y tendría como objeto combatir las causas de la corrupción, más allá de lo punitivo.

Respecto a la ASF, lo visualizan como un organismo externo de control contra la corrupción, con plena autonomía y al que se le debe permitir romper los principios de anualidad y posterioridad y que integre expedientes que faciliten la sanción de los corruptos.

Sobre la Fiscalía, señalan que requeriría autonomía plena de gestión, que se le faculte para investigar casos de corrupción que, además, sean tipificados como delito y, si lo considera necesario, llevarlos hasta el Poder Judicial.

En el caso del Tribunal, la propuesta de las organizaciones académicas y sociales plantea que recibirá los expedientes de corrupción documentados, provenientes de cualquier instancia del Estado mexicano, conocerá los casos que sean presentados por los órganos de control interno y externo.

También desahogará el proceso que eventualmente conduzca a la sanción por corrupción grave; podrá sancionar a los particulares asociados con los servidores públicos corruptos, investigará por oficio casos graves de corrupción y fomentará una cultura de prevención sobre la corrupción.

Esta propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción pretende recuperar la memoria y experiencia institucional exitosas en México, establecer interacción entre poderes del Estado y órganos autónomos para combatir la corrupción; actuar de manera integral para combatir la corrupción e incluir en esta causa a la Federación, a los gobiernos estatales y a los municipios.

El coordinador perredista confirmó que su fracción se pondrá de acuerdo con las organizaciones de la academia y de la sociedad civil a fin de promover de común acuerdo un Sistema Nacional Anticorrupción que realmente funcione y responda a lo que la sociedad está demandando en materia de combate a la corrupción.

En ese sentido, precisó que en el caso de la Línea 12 del Metro, “el PRD no protege irregularidades ni pretende ocultar nada, lo que demandamos es que se haga, por parte de quienes corresponde, una investigación objetiva, imparcial y seria donde se deslinden responsabilidades”.

“Con este tema están buscando la manera de enlodar a la izquierda, pero en ese sentido en el PRD hemos sido muy claros que no toleraremos acto de corrupción alguno, estamos decididos a emprender acciones firmes para blindar a los gobiernos emanados de nuestras filas y tomar decisiones drásticas, todo aquel funcionario que le meta a la mano al presupuesto no sólo debe de ser sancionado conforme a la ley, sino además expulsado del partido”, advirtió.

“En el fondo, con el pretexto de la Línea 12, buscan crear una distracción sobre los problemas serios que tiene el país, entre ellos la corrupción e impunidad, el recorte presupuestal, la inseguridad, la violencia y los escándalos del conflicto de interés entre el gobierno federal y el Grupo Higa, entre otros”, concluyó.

JGM