Palacio Legislativo, 23-07-2015 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, aseguró que es obligación del Estado tutelar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de garantizarles su desarrollo en un ambiente sano.

“Es obligación del Estado tutelar los derechos y de dar las condiciones y la garantía para que niñas y niños se desarrollen en los mejores ambientes posibles como el derecho jugar o a la salud”, dijo.

En la presentación del libro El interés Superior del Niño, el legislador perredista explicó que esta prioridad significa “la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en cualquier circunstancia y situación”.

Consideró que niñas y niños no deberían vivir estresados y para ello el Estado debe construir las condiciones necesarias para tener ciudadanos seguros de sí mismos, que puedan en un futuro exigir mejores condiciones de vida.

“Se trata de formar a los ciudadanos del mañana, de reconocer que hay una generación que va para afuera… si los logramos formar para la convivencia democrática van a ser ciudadanos más abiertos, seguros, críticos y con mayor capacidad de cuestionarse, cuestionar y participar en el destino de este país”, sostuvo.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Verónica Juárez Piña (PRD), dijo que en México viven 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes que representan el 37 por ciento de la población, quienes mantienen una serie de carencias y limitaciones para acceder y ejercer plenamente a todos y cada uno de sus derechos.

Afirmó que el interés superior del niño debe de incorporarse al quehacer de los tres órdenes de gobierno y a los distintos espacios públicos, para seguir impulsando “los derechos de niñas, niños y adolescentes” y que puedan construir su ciudadanía.

“Es una obligación que se respete el interés superior del niño” y es necesario saber “cómo hacerlo desde los tres distintos órdenes de gobierno”, aseguró.

Subrayó que la compilación presentada en dicho libro es una herramienta de consulta, un reflejo de la suma de esfuerzos de distintas organizaciones y de los trabajos enfocados a los menores, realizados por la LXII Legislatura; agregó que en realidad se trata de “un primer paso” para los trabajos sobre el tema.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 60 por ciento los niños de entre cero y cinco años se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial y el 27 por ciento en condiciones de pobreza alimentaria.

“Esta etapa de los niños representa la más vulnerable en el crecimiento del ser humano, porque es decisiva en el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y emotivas”, subrayó.

Sánchez Cordero precisó que los niños en pobreza extrema sólo tienen acceso a servicios de salud básicos y que la tasa de mortalidad en el país es de 60 por ciento, sobre todo en la población indígena.

Además, dijo, casi tres millones de niños no asisten a la escuela y el 15 por ciento empieza a trabajar a los 12 años o antes y “no reciben ingreso por su labor”.

Afirmó que las instituciones públicas, los jueces, los legisladores, los Ejecutivos locales y federales, en las políticas públicas deben armonizar esfuerzos, a fin de garantizar el bienestar de la infancia del país, con acceso a la salud, a la alimentación, al deporte, a la educación, al juego y al descanso.

Sánchez Cordero resaltó que se publicó un protocolo para que jueces y juezas puedan juzgar con perspectiva de infancia, “lo que implica proteger los derechos de niños y niñas, a través de medidas reforzadas, de sanciones agravadas que impongan los juzgadores para quienes violenten sus derechos más esenciales”.

Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora general de la organización no gubernamental Ririki Intervención Social, dijo que en México no se tienen políticas públicas que “como norma entiendan el interés superior de que si no atacamos la pobreza, con un enfoque que sea específico para los niños, los más afectados en la pobreza son ellos”.

Explicó que el libro tiene que ver con diferentes aspectos del interés superior de los niños, “su carácter de derecho, su carácter de principio, su carácter de norma, pero también tiene que ver cómo lo tienen que seguir trabajando”.

“Es una herramienta que visualiza a los niños en concreto, pero también en colectivo, una herramienta a partir de la cual no podríamos entender el principio de participación infantil”, sostuvo.

Ramírez Hernández indicó que de continuar sin una visión de políticas públicas no se reducirá el porcentaje de pobreza en este sector de la población; por tanto, dijo, “se debe tener un mecanismo de protección especial para los niños, que son los más vulnerables a un hecho tan lacerante en nuestro país como es la pobreza”.

Aseguró que la agenda de derechos de los niños “es una agenda de derechos humanos, pero también para gobernantes y la democracia, que nos dice que estamos abonando a la construcción de un país más justo y equitativo”.

Al evento también asistieron el pediatra Internista y especialista en el Estudio y Atención Integral del Niño Maltratado, Arturo Loredo Abdalá; la representante adjunta de Unicef México, Alison Sutton; la directora general de Protección a la Infancia del DIF Nacional, Elva Leonor Cárdenas Miranda, y la coordinadora del programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH, Lourdes Zariñán.

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