Palacio Legislativo, 02-03-2015 (Notilegis).- Es indispensable atender los derechos humanos en México, ante su falta de respeto y protección, y porque siguen una tendencia hacia su profundización y deterioro, indicó la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT).

Durante la tercera conferencia de la Jornada Internacional contra la Desaparición Forzada y el Genocidio, que abordó el caso de Guatemala durante la dictadura de Efraín Ríos Montt, la legisladora señaló que las más de 26 mil personas reconocidas oficialmente como desaparecidas desde el 2006 y las atrocidades cometidas en Ayotzinapa, Guerrero, justificaron la realización del evento.

Es fundamental, dijo, que los legisladores identifiquen áreas donde las personas requieran ser protegidas con base en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México es parte, y donde la desaparición forzada y el genocidio sean prioridad.

“Impulsar la transformación del derecho positivo mexicano en aras de una cultura que dignifique a las personas, debe ser una constante en las tareas de los diputados, así como armonizar los tratados internacionales con la legislación”, precisó.

La diputada federal por Zacatecas indicó que a nivel internacional es deber del Estado reconocer en su Carta Magna la obligación de respetar y promover los derechos humanos de las personas, por lo que México modificó el artículo 1 constitucional publicado en el 2011 en ese sentido.

Núñez Monreal mencionó que los acontecimientos recientes en México, hablan de que la desaparición forzada es una práctica que sigue vigente y, como parlamentarios, “tenemos la obligación social y política de erradicarla”.

Señaló que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el cual entró en vigor en 1976 y del que México forma parte, impone a los estados la obligación de respetar, proteger, garantizar y realizar acciones para que las personas accedan a sus derechos humanos.

Silvina Romano, investigadora de la UNAM, expresó que en la última década y media, tanto en Guatemala como en Centroamérica, ha habido un aumento de la violencia y de la militarización, “en nombre de la llamada guerra contra el crimen organizado. Es grave, porque cada pueblo debe decir cómo combatir este fenómeno y (la fuerza armada) es la última herramienta de la seguridad”.

Llamó a recuperar la memoria sobre la violencia para hacer sociedades dispuestas a una democracia verdadera. Refirió que Guatemala tiene acuerdos, donde se precisa que no puede haber paz si no hay justicia social, económica y política, y si tampoco existe inclusión de las comunidades indígenas.

La académica de la UNAM, Gabriela Aguilar Juárez, mencionó que hoy, en el 2015, la seguridad social y la justicia en América Latina están inconclusas. “La gente sigue luchando por una propiedad de la tierra, pero si se manifiesta es desaparecida y a nadie le interesa qué pasa con ella. También la salud y la educación no es para toda la población”, aseguró.

Cuestionó si los genocidios y los crímenes de lesa humanidad aumentarán en América central ante el fenómeno de la globalización, ya que esta región depende en 90 por ciento de Estados Unidos y no ha logrado diversificar su economía. Además, precisó que México debe atender la frontera sur, ya que puede detonar problemas como el crimen organizado, la trata de personas y la prostitución. “Ahí puede pasar cualquier peligro que no se valoriza en el país”, advirtió.

En su intervención, el activista y académico Otoniel García Ramos dijo que la guerra que Guatemala vivió desde 1960 hasta 1996 tiene su fundamento en que “fue abortada de su primavera democrática entre 1944–1954” con dos gobiernos que fueron bloqueados y en donde se restauraron gobiernos militares, generando un proceso de guerra que vivió posteriormente esta nación.

Resaltó que la desaparición forzada fue y ha sido un acto de poder efectuado por el Estado para frenar la oposición.

En el evento también participó Marinela Bustamante Ortiz, hermana de Emil Bustamante, desaparecido en Guatemala desde 1982, quien fue sometido a torturas y condenado sin juicio ni defensa alguna.

Manifestó que la desaparición forzada forma parte del terrorismo de Estado, violando así tanto los derechos fundamentales del individuo como los de la vida, la libertad, la seguridad personal, el respeto a la dignidad, el reconocimiento a la personalidad jurídica y a la identidad, y a una vida familiar. “Es el peor delito que se puede cometer contra cualquier ser humano, porque lo deja totalmente a merced de su captor”, acotó.

José Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, mencionó que la desaparición forzada no es un tema del pasado, sino del hoy. “Por eso nos causa risa quienes cierran el caso de Iguala y Ayotzinapa y nos dicen que ya está terminada la investigación; seguirá presente mientras no se resuelva y no aparezcan con vida los jóvenes”.

Sostuvo que se debe seguir generando conciencia de la importancia de erradicar el fenómeno de desaparición forzada en México y se manifestó en contra de que agentes extranjeros estén armados en México, toda vez que “siempre ha estado personal de Estados Unidos detrás de estas acciones y estoy seguro –sostuvo- de que el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estaban agentes de la DEA”.

RED/JGM