Palacio Legislativo, 04-03-2015 (Notilegis).- Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron en lo general el dictamen que expide la Ley General de Aguas, reglamentaria de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, y turnaron las reservas al Pleno de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores (PRI), informó que durante la reunión se integró un adendum al dictamen, que fue aprobado por 31 votos (PRI, PAN, PVEM y MC) a favor y se turna a la Mesa Directiva para que se incluya en la orden del día de la sesión del Pleno.

De los integrantes de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento lo avalaron 16 y de la Comisión de Recursos Hidráulicos 15.

En febrero de 2012 entraron en vigor las reformas constitucionales con las que se reconoce el derecho humano al agua, en las que también se estableció la obligación para que el Congreso de la Unión emita una Ley General de Aguas.

El documento aprobado en comisiones establece la participación de la federación, estados, Distrito Federal, municipios y ciudadanía, para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, así como regular las aguas nacionales.

Considera que la correcta administración de las aguas nacionales es indispensable para el debido cumplimiento al derecho humano a este líquido.

Reconoce que México enfrenta una situación hídrica compleja y crítica, que requiere de la adecuada coordinación de los tres órdenes de gobierno y de la decidida y más vigorosa participación de la ciudadanía, para garantizar el derecho humano al agua a las presentes y futuras generaciones.

Se afirma que en los últimos años, en México, la disponibilidad per cápita ha ido disminuyendo, derivado, entre otros aspectos, de factores socioeconómicos y climatológicos, como la concentración de la población en localidades urbanas y la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, como la sequía.

Esta situación ha obligado al Estado mexicano a implementar medidas drásticas, como el trasvase de una cuenca o acuífero a otro, por sí o con la participación del sector privado, que le permitan satisfacer la demanda de agua, por lo que se propone regular su autorización y modalidades.

Se propone una ley capaz de encaminar el país hacia la sustentabilidad, la equidad y la seguridad hídrica, a través de un inmenso esfuerzo gubernamental, social y privado.

El agua y el derecho humano al agua se vinculan directamente con el goce efectivo de otros derechos humanos para que toda persona disfrute de un nivel de vida adecuado.

Se debe garantizar y asegurar su pleno ejercicio en favor del derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda y al medio ambiente sano.

Se resalta el uso preferente del agua para los grupos de población vulnerables y para los pueblos indígenas y, en suma, para el desarrollo integral de todos los mexicanos, sin discriminación alguna.

Por tal motivo, el recurso hídrico es tratado como un asunto de seguridad nacional, con la rectoría del Estado y mediante el establecimiento de bases, apoyos y modalidades, apegado al orden constitucional.

Se pretende que los tres órdenes de gobierno ejerzan sus atribuciones, con el fin de garantizar el derecho humano al agua, sin comprometer su sustentabilidad, ni frenar el desarrollo económico, por lo que esta ley propone incorporar mecanismos de coordinación, concertación y de intensa participación social y privada.

Además, que las entidades federativas tengan la atribución de crear o perfeccionar un órgano, entidad o dependencia gubernamental que, entre otros aspectos, regule, vigile y supervise la prestación de esos servicios, con la finalidad de garantizar su oportunidad, calidad y eficiencia.

También se plantea que hagan posible la implementación de una política hídrica nacional, transversal y multisectorial, sustentada en principios de corresponsabilidad, eficiencia, sustentabilidad, que reconocen el valor social, ambiental, cultural y económico del agua.

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