Palacio Legislativo 26-03-2015 (Notilegis).- Oceanografía, empresa intervenida por el Estado, enfrenta en estos momentos dos escenarios, el de la conciliación entre las partes involucradas: “acreedores, comerciantes y la conciliadora”, para que pueda seguir operando, o que el juez determine la quiebra de la misma.

El titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Héctor Orozco Fernández, expuso estos escenarios ante diputados de la Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos con Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha.

El presidente de esta comisión legislativa, diputado Luis Espinosa Cházaro (PRD), exhortó al director general del SAE, a responder de manera precisa los cuestionamientos de los legisladores en torno a la situación que enfrenta Oceanografía, SA de CV.

Orozco Fernández recordó que con la intervención de Oceanografía, por órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR), el SAE se encargó de la administración de esa empresa, a partir del 28 de febrero de 2014, luego de una denuncia de fraude por 360 millones de dólares, interpuesta por Banamex.

El proceso de intervención y de participación del SAE, comentó el funcionario, “se condujo por el camino institucionalmente diseñado por los legisladores, el previsto por la Ley de Concursos Mercantiles para empresas en situación de insolvencia, liquidez y de incumplimiento generalizado de obligaciones”.

En el periodo que investiga la comisión de legisladores, de 2006 a la fecha, Oceanografía firmó 82 contratos con Pemex.

Durante la reunión de trabajo, el director general del SAE respondió a los cuestionamientos de los diputados asistentes del PRI, PAN, PRD y PVEM.

Orozco Fernández recordó que con la intervención en Oceanografía, por pare del SAE, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, se evitaron graves “prejuicios a terceros, acreedores locales e internacionales y a más de siete mil trabajadores”.

También, agregó, “se acotó el daño que una suspensión abrupta de funciones podría haber generado a la explotación petrolera en la zona de Campeche”.

El funcionario federal destacó que al momento de la intervención, Oceanografía “tenía adeudos con 204 acreedores por un total de 14 mil 494 millones de pesos” y reconoció que por el monto “no hay posibilidad de hacer frente a los adeudos”.

Asimismo, señaló que luego de las liquidaciones otorgadas conforme a derecho, el total de trabajadores pasó de más de “siete mil a mil 500, que actualmente laboran, fundamentalmente mar adentro o en tareas administrativas”.

Cuatro mil 500 de esos trabajadores, agregó, fueron liquidados en las últimas tres semanas.

Orozco Fernández también dijo que desde el aseguramiento de Oceanografía, esta empresa no ha llevado a cabo ningún contrato y tampoco lo podría realizar con Pemex, en virtud de los requisitos que impone” esta paraestatal.

Finalmente, señaló que el SAE “no tiene posibilidad de definir la duración de la administración de Oceanografía”.

En cualquier momento, argumentó, “el Ministerio Público o el juez podrá determinar el levantamiento del aseguramiento y, por lo tanto, termina la participación del SAE o, en su defecto, el decomiso que también cambiaría el mandato (que tiene) el SAE”

MAV/JGM