Palacio Legislativo, 26-11-2015 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, afirmó que el caso que enfrenta Arturo Escobar y Vega “es de carácter legal, sin ingredientes políticos”, rechazó que afecte la relación del PVEM con el PRI y pidió que se apegue a la legalidad.

“Éste es un asunto que no afecta en modo alguno la relación con el PRI, porque hemos tenido una consistente alianza electoral programática y ahora legislativa, en esta Cámara, en donde las fracciones mantenemos una permanente comunicación, nos respetamos y dialogamos”, indicó en declaraciones a la prensa..

Aseveró que la alianza entre el PVEM y el PRI es sólida y no está sujeta a coyunturas. “Ha acreditado eficacia y muy buenos resultados para ambos partidos, para las organizaciones institucionales”.

Pidió esperar que “el curso del asunto en las siguientes horas, en pocos días, para saber cuál será la situación jurídica que guarde el asunto y Arturo Escobar en lo particular”.

“No debe haber consignas, ni para inculpar, ni para exculpar. Una investigación profunda, profesional, desembocará seguramente en una resolución judicial justa”, sostuvo.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) remitió ayer miércoles a un juez un expediente para solicitar una orden de aprehensión por presuntos delitos electorales contra Escobar y Vega, quien de inmediato se separó de su cargo como subsecretario de la Secretaría de Gobernación.

César Camacho dijo que ese caso está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidió para Escobar y Vega “lo que pediríamos para cualquier ciudadano, que es una investigación exhaustiva y dominada por la ley”.

“Lo que sigue es ver si se obsequia la petición para librar una orden de aprehensión, si una vez cumplimentada o la presentación voluntaria de la persona y habiendo presentado la declaración correspondiente, se dicte el auto constitucional en las 72 horas y ya veremos cuál es el curso que siguen las cosas”, precisó.

Por ahora –expresó- “apelamos a la legalidad y confiamos en la fortaleza de las instituciones, que no tienen por qué actuar por consigna ni a favor ni en contra”.

También externó que se debe “cobrar plena conciencia de que la legislación electoral o penal alrededor del trabajo político es cada vez más restrictiva y genera una serie de limitaciones que hay que observar”.

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