Palacio Legislativo, 27-10-2015 (Notilegis).- Diputados de la Comisión de Justicia difirieron sobre los avances de la Procuraduría General de la República (PGR) en materia de justicia, en la comparecencia de su titular, Arely Gómez González, por la glosa del tercer informe de gobierno del Ejecutivo federal.

La diputada Gloria Hernández Madrid (PRI) resaltó que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se proyecta cerrar el año 2015 “con un avance del 62 por ciento en materia de procuración de justicia y así garantizar investigaciones menos invasivas, más eficaces y enfocadas a la atención de las víctimas”.

“Durante los últimos meses se ha generado un respaldo financiero sin precedentes al plan de implementación” en el ámbito de la justicia, además de las intensas campañas de capacitación y asesoría que supera ya el 90 por ciento de lo efectuado por la administración anterior, refirió.

. “El nuevo sistema procesal penal acusatorio va por buen camino hacia una adecuada implementación”, expuso.

Añadió que aunque siempre habrá posturas encontradas es ahí donde “radica la esencia misma del estado democrático, sin embargo es nuestra decisión responder con responsabilidad a la gran oportunidad que nos brinda la ciudadanía de generar mejores condiciones de vida mediante las funciones legislativas”.

El diputado Javier Antonio Neblina Vega (PAN) apuntó que “México vive una situación sumamente compleja en materia de procuración e impartición de justicia”, e indicó que el nuestro es un Estado “vulnerable a la acción del crimen, capaz de poner en vilo a toda una sociedad”.

Afirmó que el PAN se pronuncia por un respeto cabal a los derechos humanos “que hoy se encuentran bajo amenaza permanente, resultado de la ausencia de un imperio de la ley efectivo”.

Situaciones como la tortura, los secuestros, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres y contra los periodistas y los homicidios, “son los lastres a los que el Estado mexicano debe hacer frente sin dilación alguna y con todos los instrumentos a su alcance”, comentó.

Por lo anterior, el legislador exhortó a que “la procuraduría sea una institución más cercana a los ciudadanos” y logre “resolver los casos de manera expedita, para avanzar en la consolidación de un Estado de derecho, democrático, plural e incluyente”.

Arturo Santana Alfaro (PRD) afirmó que para el pueblo de México “resulta verdaderamente ofensivo e insatisfactorio el hecho de que hasta el día de hoy, no se tengan resultados concretos de las investigaciones de la procuraduría a su cargo sobre los hechos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotizinapa. Pareciera que lejos de buscar la verdad histórica, se trata de confundir más a los mexicanos”.

El legislador agregó que “otro suceso que conmocionó al país, fue la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Allí, agregó, “el escenario de impunidad y corrupción ha quedado de manifiesto por la tibieza con la que se ha integrado la investigación al respecto, pues sólo se ha consignado a mandos medios”.

Pero –dijo– “que pasa con el entonces comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido y con el propio secretario de Gobernación”, Miguel Ángel Osorio Chong “que tenían a su cargo la seguridad” de dicho capo.

Santana Alfaro comentó que los diputados del PRD “estamos convencidos de que la procuración de justicia no debe ser objeto de colores partidistas, sino de la conjugación de esfuerzos que nos permitan trabajar en contra de aquellos que le hacen daño a los habitantes del país. Estamos convencidos de que si trabajamos todos de la mano se logrará una mejor procuración de justicia”.

La diputada Lia limón García (PVEM) reconoció el compromiso de la procuraduría por fortalecer la credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, “por medio de una justicia eficaz, el respeto a los derechos humanos, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la transparencia y la rendición de cuentas”.

Precisó que la PGR se ha consolidado como “un instrumento eficaz para articular políticas y mecanismos de actuación para la efectiva investigación y persecución de los delitos, como la aprobación de protocolos homologados de actuación en materia de atención a periodistas, búsqueda de personas desaparecidas, tortura, desaparición forzada e identificación forense”.

Limón García añadió que la investigación de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de los 43 normalistas de Ayotzinapa, son avances importantes, “pero se debe mejorar la procuración de justicia en México a nivel federal, estatal y local. No podemos olvidar que la justicia es un asunto de todos los niveles de gobierno”.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (Morena) afirmó que el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el año pasado “ha sido muestra de que la verdad histórica que informó la PGR fue desestimada”.

De igual manera, agregó el legislador el enfrentamiento entre el ejército y el crimen organizado en el que murieron civiles, en junio del año pasado, en el municipio de Tlatlaya, y ‪”los hechos ocurridos el pasado seis de enero en Apatzingán, Michoacán, son muestras también de la ineficacia de la PGR”.

Asimismo calificó como “tardías” las intervenciones que ya “caracterizan a las acciones de la justicia de esta Procuraduría y (los mismos) se convierten en actos de injusticia”.

Finalmente García Jiménez cuestionó a la procuradora sobre “por qué no declinó su nombramiento como procuradora si existe conflicto de interés por su vínculo familiar con Martín Díaz Álvarez, acusado en el caso Oceanografía”.

Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) señaló que “en el informe que (usted) acaba de presentar en esta comparecencia, (y que es) poco objetivo, completamente alejado de la realidad que viven los mexicanos, reporta cifras que contrastan con indicadores e informes de organizaciones locales e internacionales.

Ello –indicó– nos llama a la decepción, porque los ciudadanos no perciben avances, por el contrario, desconfían de la dependencia a su cargo.

El legislador añadió, a manera de ejemplo, que “de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2014, el 58.1 por ciento de la población afirma que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más importantes que aquejan a su lugar de residencia”.

La PGR, añadió Sánchez Orozco, “ha perdido toda credibilidad. Hace tiempo que se rompió el lazo de confianza, tan débil que existía entre su institución” y los ciudadanos, y le preguntó a la procuradora, “¿qué hará para que los mexicanos recobremos la confianza en la Procuraduría General de la República?”

La diputada Soraya Bañuelos de la Torre (NA) aseguró que en su grupo parlamentario se tiene la convicción de que son los diputados quienes deben trabajar para construir un país más democrático y justo; además, consideran fundamental que existan mecanismos de rendición de cuentas y esperan “el mismo compromiso del gobierno federal” en el renglón de la justicia.

Aseguró que debemos lograr una procuración de justicia eficaz, oportuna y que se desarrolle en el marco del Estado de derecho, respetando” las garantías fundamentales, el proceso y la legalidad, y dijo que “la mejor manera de demostrar que hay avances es mediante una investigación eficaz, científica y certera”.

Bañuelos de la Torre aseguró que en Nueva Alianza se buscará garantizar la seguridad y el bienestar de los mexicanos y así “generar un ambiente de certidumbre que propicie la apertura de negocios y el aumento de inversiones, así como el crecimiento económico y mejores oportunidades para los ciudadanos”.

La diputada Melissa Torres Sandoval (PES) confió en que la PGR “sabrá responder a las exigencias de los ciudadanos para enfrentar temas complejos que requieren de acciones conjuntas, como en la trata de personas que es un delito aberrante que atenta contra la dignidad humana”.

Confió en que el nuevo Sistema de Justicia Penal alcanzará a toda la ciudadanía en tiempo y forma, y se congratuló que éste “tomara en cuenta que la justicia debe ser incluyente y de respeto a las garantías individuales”.

Torres Sandoval precisó que la institución ha hecho hincapié en defender los derechos humanos como eje rector y reconoció el impulso que se le ha dado a la base de datos “ante mortem y post mortem a nivel federal y estatal para la erradicación y prevención del delito de desaparición forzada, aunque (aún) falta mucho por hacer”.

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