Palacio Legislativo, 08-09-2015 (Notilegis).- Diputados de los ocho grupos parlamentarios expresaron sus posiciones sobre el informe que emitió el pasado domingo el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el año pasado en Iguala, Guerrero.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la CIDH, fue abordado en el apartado de agenda política, en la sesión de este jueves como “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, realizado a petición del gobierno mexicano.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (PRI) recordó que el gobierno federal ha manifestado su disposición y se ha pronunciado porque se realicen nuevas diligencias y peritajes, con el fin de “ampliar sus investigaciones y que su trabajo continúe aportando importantes elementos para el esclarecimiento de los hechos”.

Señaló que “el propio presidente Enrique Peña Nieto ha confirmado la solicitud del gobierno mexicano para ampliar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (de la CIDH)” y añadió que “no se escatimarán recursos humanos, esfuerzo, ni voluntad política, para llegar al fondo y esclarecimiento de estos hechos”

“Con firmeza, pero con responsabilidad, debemos seguir apoyando cualquier esfuerzo, personal e institucional, que coadyuve e esclarecer definitivamente estos lamentables hechos”, sostuvo.

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) dijo que la “verdad histórica, expuesta por el entonces procurador (General de la República), José Murillo Karam, ha resultado ser un engaño, un fraude, una mentira histórica, que deja enormes lagunas respecto al paradero de los estudiantes desaparecidos”.

Indicó que también es un gran deterioro de las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Comentó que el informe de los expertos independientes pone al descubierto la profunda corrupción e impunidad que imperan en el sistema de procuración justicia del país y se pronunció porque se sancione a los funcionarios responsables, ya sea por omisión, por comisión, por incompetencia profesional o por complicidad política o delincuencial.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) señaló que los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014 representan un episodio doloroso que llena de indignación, pero también que pone al descubierto la descomposición del tejido social y la “crisis ética y de justicia que enfrenta el país”.

Propuso al gobierno del presidente Peña Nieto acatar “las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes, para determinar la verdad de los hechos”.

Expresó la necesidad de “reencaminar las investigaciones, abriendo las líneas omitidas por la PGR” y que “esta Cámara (de Diputados) inicie los procedimientos de juicio político en contra (del ex procurador) Jesús Murillo Karam, por delitos en contra de la administración de justicia”.

Se pronunció por crear una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa y destinar todos los recursos del Estado “para mantener activos los procesos de búsqueda de los estudiantes desaparecidos”.

El diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) cuestionó el origen de los hechos de Iguala y señaló la existencia de un “gobierno municipal corrupto y de una atención tardía a nivel estatal”, y mencionó que nadie explica el “por qué enviaron (a esa ciudad) a jóvenes (de la escuela normal de Ayotzipana) de primer semestre incomunicados”.

Sostuvo que las investigaciones y las averiguaciones que hoy están en la PGR iniciaron en manos de la policía municipal de Iguala y de Procuraduría de Justicia de Guerrero, que “fueron los primeros en asistir, y si las pruebas fueron manipuladas, fue por parte de gobiernos perredistas” en esa entidad.

Señaló que ningún legislador deberá oponerse a que comparezca la procuradora General de la República, Arely Gómez.

Sin embargo, pidió que también se exija “que asistan (el ex presidente municipal de Iguala) Lázaro Masón Alonso, así como Andrés Manuel López Obrador ´quien impulsó la candidatura de José Luis Abarca, aun conociendo su expediente´, y el senador Armando Ríos Piter, a informar sobre el caso”.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena) consideró alarmante que el informe del grupo de trabajo de la CIDH desmienta la versión oficial, ya que “demuestra la intentona de los más altos niveles de gobierno para manipular la justicia y continuar ocultando la verdad sobre el paradero de los estudiantes y el móvil de la agresión masiva”.

Condenó el hecho de que el gobierno quisiera “dar carpetazo y dejar atrás el crimen” y dijo que las aportaciones de los expertos independientes de la CIDH sepultaron “la supuesta verdad histórica”, anunciada por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Aseguró que lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa y la mala actuación de la procuraduría “ha dañado profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y ha socavado la imagen de México en el exterior, pero lo más grave es que han puesto en entredicho actuaciones judiciales”.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (MC) destacó “la necesidad de justicia” y señaló que los hechos ocurridos apuntan a un grupo vulnerable, a los estudiantes normalistas, y solicita que las autoridades involucradas en el caso sean llamadas a cuentas.

Sostuvo que la intervención del grupo de expertos ha evidenciado la incapacidad de la PGR y la falta de protocolos de revisión e investigación en el caso, a casi un año de los hechos.

Propuso que se cite a comparecer ante el Congreso a la procuradora General de la República, Arely Gómez González, y que Jesús Murillo Karam “debe ser investigado y responder por la deficiencia de la investigación y la información tendenciosa” que divulgo.

María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) dijo que ese caso es muestra de la “descomposición del Estado mexicano”, pero que su fracción no resaltará las discrepancias entre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes contra la “verdad Histórica” que rindieron las autoridades en su momento, sino su solidaridad y apoyo a los familiares de los 43 normalistas.

“Señalamos la necesidad de que las recomendaciones del citado informe sean consideradas por los actuales responsables de la investigación y procuración de justicia”, aseguró.

Reconoció las “muestras de sensibilidad y compromiso” por parte del presidente Enrique Peña Nieto, al instruir a su gobierno a atender estas consideraciones y –dijo– “sólo esperamos que sus declaraciones sean respaldadas con acciones efectivas”.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (PES) aseguró que el Estado no ha sabido responder, cuestionó lo sucedido en Ayotzinapa y reiteró que se ha dañado la imagen internacional del gobierno federal.

“Exigimos a éste último esclarecer todos los hechos y no apostar al olvido de los medios de comunicación”, señaló.

Sostuvo que Encuentro Social no usurpará las funciones sobre la investigación que nadie les ha dado y se pronunció a favor de la creación de una comisión especial, a fin de que se reciba al grupo de expertos para que expliquen a cabalidad sus resultados, y por la comparecencia de la titular de la PGR, Arely Gómez González.

Durante la participación de la legisladora priistas Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, alrededor de las 13:05 horas, varios diputados de Morena se subieron al presídium para mostrar carteles con frases “¡Fue el Estado! Enrique Peña Misterioso”.

Enseguida, diputados del PRI y del PVEM también mostraron carteles que enunciaban: “¿Y Aguirre cuándo?” “AMLO=Morena” “Aguirre=PRD”.

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