Palacio Legislativo, 23-09-2015 (Notilegis).- La diputada Miriam Tinoco Soto (PRD) informó que propuso un punto de acuerdo para crear en San Lázaro una comisión especial que atienda asuntos relacionados con la pornografía infantil en México y aseguró que en el país hay cerca de 80 mil niñas y niños explotados.

“En México tenemos un problema real, crudo, para quienes en estos momentos están padeciendo el infierno de ser explotados sexualmente, de vivir bajo el yugo de quienes los están abusando”, advirtió la legisladora en un comunicado.

Sostuvo que la pornografía es el tercer negocio criminal en volumen de ganancias ilícitas en el mundo, con casi 30 mil millones de dólares al año.

Tinoco Soto expuso que es deber del Poder Legislativo crear sistemas de denuncia y servicios accesibles, adecuados y eficientes para los niños.

La diputada perredista también se pronunció por establecer mecanismos seguros, bien publicitados, confidenciales y accesibles para los menores, sus representantes y otras personas que, en caso dado, puedan presentar la denuncia correspondiente.

Explicó que en México la dependencia que se encarga de prevenir, investigar y perseguir las conductas ilícitas consumadas por medios electrónicos, cibernéticos o electrónicos, es la División Científica de la Policía Federal, específicamente la Coordinación para la Prevención de los Delitos Electrónicos.

No obstante, dijo que su trabajo dista aún de ser satisfactorio.

“Seguramente, la dependencia a cargo hace todo lo posible –explicó-; sin embargo, no es suficiente, ya que diariamente se realizan más de 116 mil búsquedas en la web y al menos 80 mil niñas y niños son explotados”, apuntó.

Propuso la existencia de líneas telefónicas de ayuda, mediante las cuales los niños puedan denunciar los abusos de los que son objeto o para hablar de manera confidencial con un asesor capacitado, así como vías para solicitar apoyo y asesoramiento basadas en las nuevas tecnologías.

“Tenemos la obligación de proteger a nuestros niños -añadió la legisladora-, no sólo con el discurso o con leyes y buenas intenciones que, en la práctica, no se respetan, sino que permiten que sigan creciendo las cifras”.

“Pero aún más allá de las cifras, estamos permitiendo que nuestros menores sean abusados. Ello nos convierte en partícipes y cómplices al no generar lo necesario y fundamental para su protección”, finalizó.

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