Palacio Legislativo, 19-01-2016 (Notilegis).- El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), urgió a las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública a elaborar el dictamen de la Ley General Contra la Desaparición Forzada y que se apruebe en el periodo ordinario que inicia en febrero próximo.

La cámara baja incurre en falta por no aprobar dicha ley, ya que cada día que pasa sin dictaminarse va en perjuicio de todos los mexicanos, pero principalmente de quienes son “levantados o sufren la desaparición forzada de algún familiar”, indicó en un comunicado.

Recordó que el pasado 6 de enero venció el plazo constitucional para tener aprobada dicha legislación reglamentaria, que da normatividad a la reforma que se hizo el año pasado al artículo 73 constitucional.

Refrendó su convocatoria para que los legisladores asuman su responsabilidad y, de una vez por todas, dictaminen la legislación secundaria, para que sea aprobada a la brevedad posible, una vez que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero próximo.

Agregó que mientras se sigue posponiendo la discusión para crear esta ley secundaria, los casos de desapariciones forzadas siguen proliferando por todo el país, como son los ocurridos recientemente en Tierra Blanca, Veracruz, y Arcelia, Guerrero.

Comentó que en el primer caso, cinco jóvenes (entre ellos una mujer) fueron detenidos por policías municipales de Tierra Blanca, y hasta el momento se encuentran desaparecidos.

En el segundo caso, más de una veintena de profesores fueron secuestrados, la mayoría de ellos liberados casi inmediatamente, aunque cinco siguieron privados de su libertad; días después cuatro reaparecieron, pero uno falleció.

Sin demeritar la recaptura de “El Chapo” Guzmán, dijo que “es inadmisible que mientras las instancias del gobierno federal hacen una alharaca mediática sobre este hecho, se siga regateando a la población en general su derecho a mantenerse a salvo de las acciones criminales de la delincuencia organizada”.

Expuso que una ley no va a resolver por decreto el grave problema de las desapariciones forzadas, pero representa un primer paso para que el Estado asuma la responsabilidad de dar con el paradero de las víctimas y brindar máxima protección y certidumbre a los familiares.

Opinó que es un hecho que las desapariciones forzadas representan una problemática que se extiende prácticamente por todo el país, donde muchas de las autoridades estatales o municipales pudieran tener un alto grado de responsabilidad sea por omisión, incapacidad o incluso por complicidad.

Insistió en que es urgente aprobar la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas.

Precisó que tiene la finalidad de proteger a toda persona contra el delito de desaparición forzada, así como la implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y criterios para sancionar este delito, así́ como para la protección y asistencia a las víctimas, familiares y testigos.

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