Nota N°. 1639 | Impulso de un salario digno y reducción de brechas de desigualdad en el país deben ser temas prioritarios en la agenda legislativa: Muñoz Cervantes |
Palacio Legislativo, 25-01-2016 (Notilegis).- La diputada Arlette Muñoz Cervantes (PAN) indicó que el impulso de un salario digno y la reducción de las brechas de desigualdad al interior del país deben ser temas prioritarios en la agenda legislativa del segundo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero.
La también secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, consideró que la minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos debe ponerse sobre la mesa y discutirse.
En un comunicado resaltó que, ante el escenario económico adverso que se prevé para 2016, a causa de la caída del precio del petróleo, es indispensable acotar los ingresos del sector público para llevarlos a quienes más lo necesitan.
Precisó que la llamada Ley de Salarios Máximos contribuiría a crear condiciones de mayor equidad, a partir de los ingresos y al mismo tiempo canalizar los recursos de esos ajustes para construir un salario digno.
“Un salario digno abonará a que las familias mexicanas puedan hacer frente al escenario económico adverso previsto para 2016. Es indispensable que este tema forme parte de la agenda del Congreso para el segundo periodo de sesiones”, expresó la diputada.
Externó que la Ley de Salarios Máximos es una vía para alcanzar ese fortalecimiento que ya tuvo un primer paso a partir de la desindexación del salario mínimo.
“Es prioritario hacer ajustes que nos permitan establecer mejores ingresos para los trabajadores”, añadió.
La legisladora explicó que en esta ruta será fundamental la participación de todos los grupos parlamentarios para discutir un tema esencial para la agenda de las finanzas del país que ha estado “congelado” desde el 2011.
Recordó que la reforma a esta ley permitirá regular las remuneraciones de todos los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión y de organismos públicos autónomos como el Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Electoral (INE).
Añadió que con ello se mandataría que ningún servidor público reciba remuneración o retribución alguna por el desempeño de sus funciones, mayor a lo establecido para el Ejecutivo federal.
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