Palacio Legislativo 29-01-2016 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM), afirmó que ningún interés político, económico o particular debe estar por encima del cuidado y preservación del hábitat.

Falta ejecutar sanciones verdaderas en contra de quienes evadan obligaciones legales o interpreten discrecionalmente las leyes en materia de respeto al medio ambiente, aseveró el legislador.

Tampoco se trata de linchar a nadie, no es ese el interés, pero “sí debemos ser muy claros y absolutamente intolerantes ante los daños al medio ambiente y al abuso en que siguen incurriendo ciertos desarrolladores con la complacencia de algunas autoridades para que sucedan casos como el de Tajamar”, sostuvo.

En entrevista, Álvarez Angli convocó a “ser muy enérgicos en castigar a quien sea responsable de transgredir la ley, sin distingos de origen partidista, administración pública, cercanía o de afectos”, ya que es vital ejecutar las sanciones para frenar prácticas que perjudican la vida de todos, como es la alteración del entorno natural.

Estamos ante un país en el cual no pasa nada, donde no hay consecuencias a nuestros actos y se puede muy fácilmente evadir las responsabilidades legales; sin embargo, un medio ambiente deteriorado perjudica a todos, sin distingo de condición humana.

Consideró que hay mucha negligencia por parte de algunas autoridades, desconocimiento y abuso de otras, por lo que se requiere más precisión en las leyes porque siempre hay quien encuentra “lagunas” jurídicas necesarias para evadir compromisos.

Se necesita sancionar y que todos los mexicanos estemos conscientes de que si cometemos un acto que contraviene una disposición legal, vamos a ser sancionados exactamente en la medida y proporción de la infracción o del delito que se ha cometido.

Se requiere cambiar esa mentalidad en las nuevas generaciones, para que tengan presente que sí hay consecuencias de nuestros actos y que no se van a evadir.

Advirtió: “No debe estar el interés económico, político, personal, particular, ni partidista por encima del propósito primordial que representa el cuidado y respeto al medio ambiente, porque si deterioramos todavía más nuestro entorno vamos a morir todos”.

El diputado por Guerrero detalló el conjunto de factores que se conjugan para evadir el cumplimiento del marco legal en materia ambiental, tales como “lagunas” jurídicas, falta de voluntad política, de sensibilidad y de compromiso personal de cada ciudadano.

A fin de cuentas, los desarrolladores también son seres humanos y, a veces, interponen su interés económico por el social para cuidar el medio ambiente, perjudicando a la comunidad y al planeta en su totalidad, debido a “valores perdidos o torcidos, que deben someterse con el rigor de la propia ley”.

En referencia al caso de Tajamar, en Quintana Roo, explicó que los permisos se otorgaron cuando aún no estaba prohibida la tala del mangle. Ante una adjudicación de esta índole, la autoridad emisora debería tener un catálogo muy puntual de todas esas concesiones que se dieron en el pasado, y “en el momento en que se estableció la restricción, esas concesiones debieron haber quedado revocadas si no se había ejecutado la tala”.

“Una vez que la ley se modifica –dijo-, debe existir una retroactividad en su aplicación porque se determinó que ya no es legal la tala de mangle. Esa licencia que no se ejecutó en su momento, obtenida de manera legal, sin responsabilidad de la autoridad, en este nuevo contexto jurídico perdió vigencia, porque contraviene una disposición legal vigente”.

Algunos juristas argumentarían que es derecho del que ya tiene la licencia poderla ejercer; no obstante, proteger el medio ambiente debe privilegiarse como una garantía suprema para el desarrollo económico.

Sobre las prioridades de la Comisión, para el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura, Álvarez Angli refirió un nuevo marco jurídico para reglamentar la responsabilidad ambiental para las empresas, el cual debe revisarse con mayor detalle, por los importantes alcances que tiene.

Inclusive, definió, es uno de los temas que se propone analizar conjuntamente con el Senado de la República, y lograr el mayor consenso posible en un tema considerado importante para el país, donde los industriales tengan y adquirieran mayor conciencia.

“No se trata de sancionar, sino de reducir verdaderamente el impacto y el daño ambiental ocasionado muchas veces con los procesos manufactureros”, insistió el diputado del PVEM.

Destacó también las iniciativas de minería a cielo abierto que se requiere regular, así como todos los procesos de esta industria porque son conocidos los daños ocasionados por las empresas del sector que anteriormente no estaban reguladas.

Los efectos negativos que dejaron los procesos mineros se reflejan todavía en el impacto que sufren muchos mantos acuíferos en algunas extensas zonas donde se llevó a cabo esa explotación, aunque se hayan dejado de practicar esas actividades, como sucede en Taxco. Guerrero.

Para concluir, indicó que la Comisión definirá una estrategia para que no se vuelvan a presentar casos como el de Tajamar, cuyo daño al medio ambiente ya se ocasionó. “Tenemos que ser muy conscientes, verdaderamente acuciosos para establecer las condiciones que se requieran e impedir que sucedan situaciones como esta en cualquier otra parte de la República”.

RED/LSN