Palacio Legislativo, 03-02-2016 (Notilegis).- El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró como mediática, poco seria y hasta peligrosa la propuesta del PAN y PRD para que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional expida un protocolo contra la infiltración del crimen organizado en candidaturas y legisladores.

El Congreso no tiene ninguna función ejecutiva, “la Comisión Bicameral tendrá que responder en sus términos, que no tiene ninguna posibilidad de hacer investigaciones, de recabar información respecto de individuos”, indicó el legislador en declaraciones a la prensa.

Los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Agustín Basave, solicitaron ayer que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional expida ese protocolo, ante los presidentes de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, y del Senado, Roberto Gil Zuarth.

“Es como si yo fuera a comprar leche a la tlapalería, ellos (PAN y PRD) saben muy bien a quién tendrían que acudir, y venir a pedirle al Congreso que haga funciones del Ejecutivo, me parece poco serio y hasta peligroso”, sostuvo el diputado priista.

La propuesta “de alguna manera señala, con su poca seriedad, su poca veracidad, en la intención (de ambos partidos) de en verdad deslindarse del crimen organizado”.

Dijo que es absurdo que la Comisión Bicameral solicite información sobre los candidatos o los legisladores a la Procuraduría General de la República (PGR) y agregó que los partidos políticos son los que tendrían que requerirla a la PGR.

“Si quieren estar seguros de lo que hace la PGR, que recurran a las instancias previstas para eso, o si quieren que exista una instancia previa diferente a la PGR, que propongan la iniciativa respectiva, pero no, aquí es un acto de teatralidad”, externó Ramírez Marín.

Apuntó que es un tema “estrictamente mediático, (porque) ya les gustó a Anaya y a Basave verse bien en las fotos, salir juntos, retratados. Que vayan al parque, pero que no nos traten de tomar el pelo”.

Insistió en que “el Congreso no tiene ninguna función ejecutiva, ni posibilidad ejecutiva de brindar la información que se necesita para saber si un individuo está implicado en crímenes, tiene antecedentes penales, procesos abiertos o está en alguna investigación en curso”.

JGM