Palacio Legislativo, 08-02-2016 (Notilegis).- El diputado José Bernardo Quezada Salas (NA), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presentará una iniciativa para incluir el delito de “piratería” en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En un comunicado, el legislador indicó que la iniciativa pretende reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de que se incluyan en la normatividad los delitos en materia de falsificación de marcas protegidas, previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.

El objetivo es que los presuntos infractores por delitos en materia de propiedad industrial sean investigados, procesados y, en su caso, sancionados, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, explicó.

“Consideramos necesario fortalecer el marco jurídico, a fin de poner un alto a esta situación que perjudica no sólo a la industria, sino sobre todo a las y los creadores”, enfatizó el legislador.

Señaló que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, falsificar y traficar objetos con marcas protegidas son actividades consideradas como delitos, los cuales estaban establecidos dos como graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Sin embargo, agregó, con la expedición del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma integral al sistema penal, los delitos de falsificación previstos en la Ley de Propiedad Industrial no se contemplan.

“Lo anterior significa que en la investigación, persecución y sanción de dichas actividades delictivas, no es posible decretar las medidas de arraigo y prisión preventiva de los presuntos indiciados”, subrayó.

Quezada Salas dijo que a pesar de que se ha buscado endurecer las sanciones contra esta actividad, la realidad es que México ocupa el sexto lugar en materia de piratería entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), en 2014 el consumo de piratería le costó al país más 43 mil millones de pesos, lo que equivale a un 28 por ciento más que todo el presupuesto destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 34 veces más el presupuesto anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

HSF