Palacio Legislativo, 16-02-2016 (Notilegis).- Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados afirmaron que consolidar los derechos económicos, políticos y sociales, sigue siendo una deuda pendiente con los pueblos indígenas, a 20 años de que se suscribieron los acuerdos de San Andrés Larráinzar, en Chiapas.

Los diputados abordaron el tema en el apartado de efemérides de la sesión de este martes, con la presencia de ex presidentes de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación del Estado de Chiapas, conocida como la Cocopa.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (PVEM), presidente de la actual Cocopa, recordó el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, quien declaró la guerra al Estado mexicano, y el proceso de negociación que llevó a la suscripción de los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

“Un día como hoy, de hace dos décadas, el gobierno mexicano firmó, ante los ojos atentos del mundo, los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Acuerdos que son los más significativos en nuestra historia reciente”, apuntó.

Sostuvo que fue “un proceso que reconocía los derechos colectivos de carácter político social, cultural y económico para las comunidades indígenas, su libre determinación y autonomía, el reconocimiento de sus sistemas normativos, el derecho de sus tierras y territorios, y los derechos de las comunidades como sujetos”.

Pero –añadió- “cuando aún los ecos de las marimbas alegres se escuchaban en la selva, el entonces Presidente de la República desconoció los acuerdos mutilando esas esperanzas nacientes y sembrando un silencio en las comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de nuestro país”.

“A 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, ante la deuda histórica que aún persiste, yo pregunto: ¿Para qué esperar más tiempo? ¿Por qué dejar pasar la oportunidad histórica de la presente legislatura? Un gran honor sería para todas y todos nosotros hacer realidad las reformas en materia indígena”.

“Que se reconozcan los derechos colectivos que los pueblos exigen y por los cuales han estado luchando por tanto y tanto tiempo”, exhortó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), comentó que a lo largo de la historia han surgido diversos movimientos indígenas para exigir mejores condiciones de vida, respeto a sus territorios y a su dignidad humana, el más reciente en enero de 1994.

Detalló que de los acuerdos de San Andrés Larráinzar se derivó la reforma al artículo 2o constitucional, en 2001, lo que constituyó un importante avance.

Con esa modificación a la Constitución se reconoció la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios y su derecho a la libre determinación y a su autonomía sobre sus formas de convivencia y organización social, así como el ejercicio pleno de sus sistemas normativos internos.

También se elevó a rango constitucional la obligación del Estado para garantizar su desarrollo integral y sustentable, precisó el legislador.

Sin embargo, reconoció que aún existen temas pendientes por legislar, como son los derechos de las mujeres, la consulta indígena y principalmente el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.

“De esta manera se da validez a sus sistemas normativos internos; legitimidad a sus sistemas de gobierno interno, a sus asambleas donde se resuelven sus conflictos y deciden sus formas de organización económica, social y cultural”, externó.

Enfatizó que el desarrollo sostenible es otra asignatura pendiente.

“Resulta imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias, desechar las políticas asistencialistas que inhiben la creatividad y generan dependencia, porque la pobreza sólo se comparte generando riqueza”, agregó.

Dijo que en la ruta para encontrar soluciones es muy alentador el pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas realizada en el 2014.

En esa ocasión, precisó, “México se compromete a impulsar el proceso de armonización de la legislación nacional, siguiendo el espíritu de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar el mejoramiento de su calidad de vida mediante la generación de mayores oportunidades de desarrollo”.

Se pronunció por pasar de la ley a las acciones, “para traducir las reformas legislativas en políticas públicas que hagan posible una verdadera justicia social, para que nunca más la desesperanza de nuestros pueblos los orille a tomar nuevamente el camino de las armas”.

El diputado Hernán de Jesús Orantes López (PRI) resaltó la importancia de los Acuerdos de San Andrés, porque “es el primer documento elaborado por los pueblos indígenas en este país, que habían estado relegados por más de 500 años”.

Reconoció que no todo lo acordado está cumplido, hay mucho que deliberar en torno a temas como el de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y convocó a los legisladores a seguir avanzando en el reconocimiento pleno a los derechos de los indígenas.

El diputado Luis de León Martínez Sánchez (PAN) puntualizó que la tarea está inconclusa y estará inclusa hasta en tanto la pobreza y la discriminación sigan siendo una realidad en México.

“No podemos hablar de una democracia consolidada mientras en nuestro país no haya la inclusión de todos a las mismas oportunidades, mientras se piense en favorecer a unos cuantos y no a todos los mexicanos sin importar su origen o condición social”, agregó.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (PRD) mencionó que la reforma constitucional del año 2001 en la materia, apenas dibujó algunos de los derechos y demandas de los pueblos indígenas contenidos en los Acuerdos, ya que excluyó partes sustantivas de los derechos esenciales de este sector de la población.

Exhortó a la legislatura actual a empeñar la palabra comprometida y a la brevedad someter a la aprobación total de este Pleno la iniciativa de la Ley de Concordia y Pacificación sobre Derechos y Cultura Indígenas.

El diputado Jorge Álvarez López (PVEM) expresó que a 20 años de esa firma no se puede negar que México sea hoy un país más incluyente y con mayor conciencia de hacer efectivos los derechos de todos los miembros de la sociedad, pero aún queda mucho por hacer para saldar la deuda histórica que se tiene como nación con los pueblos y comunidades indígenas.

La diputada Guadalupe Hernández Correa (Morena) Manifestó que hace 20 años se despertó la esperanza de lograr un pacto social y político por medio del diálogo, pero todo sigue siendo una enorme deuda con los indígenas, y se pronunció por sentar las bases para una nueva iniciativa que permita retomar esos acuerdos.

La diputada María Elena Orantes López (MC) destacó la necesidad de impulsar nuevas modificaciones legales que permitan que las comunidades indígenas sean reconocidas con mecanismos diseñados y apegados a sus tradiciones, con el reconocimiento explícito a todos sus derechos.

“El tema pendiente continúa siendo generar los contextos y mecanismos para implementar las transformaciones. Estas son el único camino para hacer realidad las aspiraciones de los pueblos indígenas”, expresó.

Para la diputada Karina Sánchez Ruiz (NA), a 20 años de la firma de estos acuerdos y pese a que la Constitución consagra la igualdad de derechos y la promoción de un desarrollo integral de las comunidades originarias, la realidad es que no ha habido ningún cambio sustancial.

“Las leyes en materia de protección y derechos indígenas son insuficientes, lo que ha perpetuado las circunstancias legales que hacen posible la marginación, la explotación y la discriminación”, insistió.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) coincidió en que “tenemos grandes asignaturas pendientes con nuestras comunidades de origen. Tenemos asignaturas como la pobreza, alimentación, vivienda, educación, salud, justicia, discriminación”.

JGM