Nota N°. 2076 Impunidad en casos de violaciones a derechos humanos obliga a legisladores a retomar discusión de la ley en materia de desapariciones forzadas: Ojeda Anguiano

 

Palacio Legislativo 27-02-2016 (Notilegis).- El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), señaló que el informe de Amnistía Internacional sobre impunidad en casos de violaciones a derechos humanos obliga a los legisladores a retomar la discusión de la ley en materia de desapariciones forzadas.

 

“Se debe concretar la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares para la estabilidad del país y la protección de las garantías individuales”, expresó el legislador perredista en un comunicado.

 

Insistió en que aprobar dicha legislación representa un primer paso para que el Estado asuma la responsabilidad de dar con el paradero de las víctimas y brindar máxima protección y certidumbre a sus familiares.

 

A más de un mes de que se cumpliera el plazo para que el Congreso de la Unión aprobara la ley que reglamenta y da normatividad a la reforma del artículo 73 constitucional, llamó nuevamente a las fuerzas políticas del país a sacar adelante la legislación.

 

“Se trata de un compromiso que tiene el Congreso de la Unión ante todos los mexicanos, que no debería seguirse postergando por más tiempo”, manifestó el legislador.

 

Ojeda Anguiano consideró que es vergonzoso que junto con Venezuela, según Amnistía Internacional, México sea uno de los países más atrasados de la región, en materia de avances con respecto a los derechos humanos.

 

Expuso que si bien están los casos de Ayotzinapan y Tierra Blanca, las estadísticas demuestran que existen miles de desaparecidos, sin que se tenga un protocolo de acción oportuno y eficaz para atender a las víctimas y sus familiares.

 

El diputado mencionó que el organismo internacional defensor de los derechos humanos ubica a nuestro país como una de las 20 naciones en las que recomienda poner mayor atención en la materia.

 

Subrayó que, de acuerdo con el informe, “el Estado no sólo ha sido incapaz de proteger a los mexicanos de la violencia, sino que, en algunos casos, ha sido coparticipe de los atropellos a los derechos humanos, a través de las fuerzas de seguridad pública”.

 

HSF/JGM