Nota N°. 2084 | Caballero Pedraza y Encinas Rodríguez proponen consulta y movilización ciudadana en torno a la integración del Constituyente de la Ciudad de México |
Palacio Legislativo 29-02-2016 (Notilegfis).- El vicecoordinador de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, y el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez propusieron una consulta y movilización ciudadana, en torno a la integración del Constituyente de la Ciudad de México.
En el marco del foro “La Participación Ciudadana en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México”, Encinas Rodríguez, propuso que para “mitigar la pérdida de legitimidad del Constituyente”, en los términos aprobados, se debe “hacer una amplia consulta ciudadana sobre la elaboración de la Constitución” de la capital.
Ello –dijo– no sólo para que los ciudadanos opinen y participen, sino para que se convierta “en una movilización cívica, como lo saben hacer los habitantes de la Ciudad de México”.
Planteó que “la designación que haga el Ejecutivo Federal (Enrique Peña Nieto) y el Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera), para conformar el Constituyente, no se integre con gente de su grupo cercano o de su partido político. Necesitamos que esas designaciones sean de mujeres y hombres que representen a las causa sociales y a la sociedad de la Ciudad de México”, añadió.
El diputado Virgilio Caballero Pedraza señaló la necesidad de “hacer movilizaciones con la sociedad para tratar de impedir el atraco político que representa la conformación del Constituyente de la Ciudad de México, en contra de los derechos ciudadanos en la capital de la República, antes de que se convierta en algo irrefrenable”.
Agregó que ese atraco se puede evitar “si aprovechamos las instancias jurídicas y políticas y de movilización social que nos da la oportunidad y la circunstancia”.
El legislador de Morena aseguró que “las reglas de operación de la reforma política han resultado ser el pacto entre el (titular del) Ejecutivo Federal y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que han impuesto candados a la participación ciudadana e intentan cercar a la nueva y mayor fuerza política electoral de oposición en la capital de la República”.
Jaime Cárdenas Gracia, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que es preocupante “que el proceso de elección del Constituyente no haya sido consultado previamente con la ciudadanía” y que cuando se apruebe la nueva Constitución “tampoco sea mediante referéndum por los habitantes de la Ciudad de México”.
“En América Latina y en países avanzados, como los europeos, los procesos constitucionales o las reformas se consultan a los ciudadanos mediante referéndum, proceso que en México está excluido”, refirió.
Alejandro Rojas Díaz Durán, miembro del Consejo Consultivo para la Reforma Política del Distrito Federal, afirmó que en la creación de la nueva Constitución “es obligación política y moral motivar a los capitalinos para salir a buscar un régimen político que les convenga a ellos y no solo a los que gobiernan, y darle la plena soberanía y libertad a la Ciudad de México”, dijo.
Finalmente los diputados Vidal Llerenas Morales y Juan Romero Tenorio, de la fracción parlamentaria de Morena, coincidieron en señalar la necesidad de fortalecer mecanismos para garantizar la participación ciudadana en el Constituyente y en la elaboración de la Constitución de la Ciudad México.
Al término del foro, en declaraciones a la prensa, el senador Encinas Rodríguez aseguró que los gastos de la Asamblea Constituyente serán honoríficos, “nadie va a cobrar un solo centavo, ninguno de los integrantes del Constituyente y espero que tampoco su equipo de asesores”.
Según reportes de prensa, los cinco meses que trabajará la Asamblea Constituyente que aprobará la primera Carta Magna de la Ciudad, implicará un costo alrededor de 144 millones de pesos del dinero del erario público.
El senador informó que no se rentarán oficinas pues “se va a realizar en la vieja casona de Xicoténcatl, en donde hay un convenio con el senado de la República y los gastos que se derogarán serán del soporte técnico, sólo se pagará por los servicios parlamentarios”.
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