Palacio Legislativo, 08-03-2016 (Notilegis).- La Cámara de Diputados recibió dos minutas del Senado de la República. Una reforma la Ley General de Vida Silvestre, con la finalidad de incrementar las sanciones por cacería ilegal, de 200 a 75 mil veces la unidad de medida y actualización, como una acción de protección a la biodiversidad nacional y de combate al mercado negro de especies en peligro de extinción.

El documento, enviado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, precisa que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) durante el periodo 2009-2013, el monto promedio de las multas impuestas a actividades que implicaron la muerte de ejemplares de vida silvestre sin la autorización correspondiente, fue de nueve mil 841.50 pesos, cantidad notoriamente menor al valor que puede llegar a alcanzar un ejemplar de jaguar en el mercado negro.

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 contiene un listado de dos mil 606 especies en alguna categoría de riesgo, muchas de ellas consideradas emblemáticas como el jaguar, águila real, quetzal y la vaquita marina.

Otra minuta, reforma la fracción V del artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que la competitividad, la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad sean compatibles con la preservación de los ecosistemas. Se mandó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió a diez puntos de acuerdo relativos al apoyo a los productores de leche; salud reproductiva de los adolescentes indígenas; campañas preventivas del embarazo e infecciones de transmisión sexual; ingesta de ácido fólico durante la edad reproductiva de las mujeres, y aguas y bebidas azucaradas.

También sobre una campaña contra la desnutrición infantil en pacientes de bajo peso; prevenir y combatir el dengue hemorrágico transmitido por vector en Morelos; fortalecer estrategias integrales de prevención del suicidio; mejorar condiciones de vida de las habitantes de zonas rurales, y avances del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

El Banco de México remitió el informe por el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2015, así como la ejecución de la política monetaria y las actividades del Banco de México, en el contexto de la situación económica nacional e internacional. Se mandó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción fue canalizado un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre los Resultados de la Gestión 2015 del Órgano Interno de Control del Instituto, respecto a las actividades y resultados alcanzados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

De ese mismo instituto se recibió el Cuarto Informe Trimestral de actividades correspondiente al año pasado. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones.

La Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca dio respuesta a un punto de acuerdo, avalado por la Cámara de Diputados, para incorporar en las políticas y programas económicos y agrícolas, la perspectiva de género.

El gobierno del estado de Coahuila respondió a una proposición aprobada por la Cámara de Diputados, referente a la inclusión de enfermedades en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

La subsecretaría del Transporte del estado de Hidalgo y la secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno de Sonora, atendieron un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de movilidad.

Los Sistemas DIF de Baja California y Jalisco dieron respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro contestó a una proposición avalada por la Cámara de Diputados, sobre los atlas de riesgos y su actualización.

RED/LSN