Nota N°. 2222 | Piden diputados a Secretaría de Salud y el IMSS permitan que las y los trabajadores domésticos tengan acceso real a servicios y prestaciones de seguridad social y salud |
Palacio Legislativo, 08-03-2016 (Notilegis).- La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lleven a cabo programas y acciones que permitan a las y los trabajadores, domésticos tener acceso real a servicios y prestaciones de seguridad social y salud. También, que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se elaboren e implementen programas de apoyo que les permitan ejercer sus derechos laborales. Asimismo, para que, coordinadamente con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se lleven a cabo campañas nacionales de difusión para promover la cultura de respeto a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores domésticos. Se solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) concertar acuerdos con el Senado y los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, que hagan posible reflejar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en materia de igualdad de género en planes y políticas nacionales. Que la Jucopo fije los acuerdos correspondientes para que los diputados aprueben un decálogo de acciones legislativas prioritarias, que la LXIII Legislatura habrá de cumplir con miras a materializar esa Agenda 2030. Estos llamados figuran en un punto de acuerdo que el Pleno aprobó, como urgente y obvia resolución, el cual surgió de una propuesta de la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia (PAN). En sus consideraciones, la legisladora comentó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cuarto trimestre de 2010 había un poco más de dos millones de trabajadores domésticos en México. Entre éstos, nueve de cada 10 son mujeres, lo que significa que el trabajo del hogar está feminizado. De las mujeres trabajadoras domésticas, casi el 60 por ciento pertenecen a un estrato socioeconómico medio-bajo y 64 por ciento tiene apenas una instrucción primaria o inferior. Casi el 16 por ciento corresponde a mujeres de 50 a 59 años. En 2005 se calculaba que el 11.8 por ciento de las trabajadoras del hogar que viven en los lugares donde prestan sus servicios eran mujeres indígenas. Es un hecho que la situación crítica de la economía y de condiciones de empleo y desempleo en el país, orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las condiciones del empleador. Además, el trabajo doméstico por ser aislado y prácticamente invisible, facilita la desprotección y vulnerabilidad de las personas que trabajan en este ámbito. El punto de acuerdo establece: Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del trabajo coordinado de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, se lleven a cabo programas y acciones que permitan a las y los trabajadores domésticos tener acceso real a los servicios y prestaciones de seguridad social y salud. Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se elaboren e implementen programas de apoyo para las y los trabajadores domésticos que les permitan ejercer sus derechos laborales. Asimismo, para que coordinadamente con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se lleven a cabo campañas nacionales de difusión para promover la cultura de respeto a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadoras domésticos. Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a concertar acuerdos con la Cámara de Senadores, y con los representantes del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Judicial, que hagan posible reflejar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en materia de igualdad de género en los planes y políticas nacionales. Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a fijar los acuerdos correspondientes para que los integrantes de la Cámara de Diputados aprueben la conformación de un decálogo de acciones legislativas prioritarias que la LXIII Legislatura habrá de cumplir con miras a materializar en nuestra legislación la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en materia de igualdad de género. JGM |