Nota N°. 2298 Proceso de desafuero de diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada a “El Chapo” Guzmán, no debe rebasar 60 días hábiles: Ramírez Nieto

 

Palacio Legislativo 15-03-2016 (Notilegis).- El proceso de desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán, no debe rebasar los 60 días hábiles, afirmó el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), al quedar instalada esta instancia legislativa.

 

La solicitud de desafuero de la legisladora surgió a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), por el uso de documentos oficiales falsos, con los que se acreditó para visitar, en abril de 2015, a “El Chapo” Guzmán en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México.

 

 

La Sección Instructora, que se instaló este martes, fue aprobada el pasado 10 de marzo por el Pleno de la Cámara de Diputados y está integrada por cuatro diputados, dos del PRI, uno del PAN y otro del PRD.

 

Figuran los diputados: Ricardo Ramírez Nieto (PRI), presidente; Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN), secretario; Omar Ortega Álvarez (PRD), secretario y Sandra Méndez Hernández (PRI), integrante.

 

Ramírez Nieto dijo que el proceso sobre Sánchez López señala que en los próximos tres días “se le hará la notificación correspondiente (sobre la petición de desafuero) a la imputada en su domicilio oficial de Sinaloa, a través de correo certificado con acuse de recibido”.

 

Luego “se le concede a la diputada un plazo de siete días para que comparezca personalmente o por escrito”, ante esta Sección Instructora, “y señale lo que a su derecha de defensa convenga”.

 

Después, agregó el diputado del PRI, “se abre un periodo de desahogo de pruebas de 30 días y con posterioridad estaremos en condiciones de emitir un dictamen”, que será presentado al Pleno de la Cámara de Diputados.

 

Ramírez Nieto aclaró que la Sección que preside “está dotada incluso de facultades de investigación para allegarse las pruebas necesarias, cuando se estime que (éstas) son insuficientes o las requiera para determinar correctamente lo que en derecho vaya a proceder, respecto de la petición que en este caso hace la PGR para el desafuero”.

 

El presidente de la Sección Instructora también explicó que el Congreso de Sinaloa está sujeto “a lo que nosotros determinemos, y lo que vamos a hacer es una declaración de procedencia, sin prejuzgar sobre la culpabilidad de la imputada”, eso le corresponderá, si el dictamen es positivo para el desafuero, al legislativo local.

 

La Cámara de Diputados de Sinaloa sería, en ese caso, la encargada de poner a la imputada “a disposición de la autoridad que la requiere, ya sin inmunidad”.

 

MAV/JGM