Palacio Legislativo, 30-03-2016 (Notilegis).- El titular del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), Carlos Flores Rico, pidió a diputados federales “resolver” los huecos o lagunas existentes en la legislación agraria, ya que en materia de expropiación y reversión de tierras, las normas vigentes “no son contundentes” e impiden que se garantice la justicia a campesinos.

En reunión con la Comisión de Reforma Agraria, explicó que la instancia a su cargo, dependiente de la Sedatu, se responsabiliza de vigilar que las tierras expropiadas por el gobierno federal regresen a sus dueños o ejidos cuando no se emplean para fines de utilidad pública (en lugar de construir una escuela, se levanta un centro comercial, por ejemplo), no se ejecuta el bien, o pasa el tiempo y se usa para un rubro distinto del original.

Pese a que la Carta Magna, la Ley Agraria y otras normas subrayan que sólo podrán expropiarse las tierras para una causa suprema (la mencionada utilidad pública), los tribunales no toman en cuenta acciones de demanda por reversión de tierras promovidas por el Fifonafe cuando se incumple el mandato, debido a huecos o lagunas en los ordenamientos que abren la puerta a interpretaciones en el área jurisdiccional y que permiten filtrar incumplimientos.

“Tenemos clara la prescripción de los bienes de tipo agrario, pero se entremezclan cosas que vienen de otras legislaciones que son supletorias o suplantadoras de la Ley en esta materia, y que hacen que prive el orden civil en el orden agrario. Son cosas que se tienen pendientes y pueden resolverse en esta legislatura”, expresó Flores Rico a los diputados.

Los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria manifestaron su acuerdo con los señalamientos del funcionario.

El diputado presidente del órgano colegiado, Jesús Serrano Lora (Morena), consideró que el futuro del desarrollo agrario está condicionado a la solución de múltiples conflictos de tenencia de la tierra que reclaman atención inmediata por parte del Congreso de la Unión.

La seguridad jurídica en esta materia “conlleva a mejores prácticas agrícolas, mayor rendimiento de la producción y un nivel superior de vida de los campesinos”, subrayó.

Por el Revolucionario Institucional, Óscar García Barrón lamentó que la Ley Agraria sea una norma que, en el marco de las reformas estructurales, se haya quedado en el rezago y la necesidad de actualizarse o modernizarse.

Aunque los ordenamientos nacionales, incluyendo la Constitución Política, garanticen derechos a los campesinos “al ejido se le atropella. Se quita el patrimonio de las familias más allá del respeto consagrado en la ley, algo que no podemos permitir. Parece que, para la gente del campo, la ley es sólo tinta y papel”.

Del PRD, el diputado Fernando Galván Martínez condenó casos en los que empresas “dan mochada” a regidores o presidentes municipales para instalarse en terrenos protegidos o comunales, y luego, piden indemnizaciones por daños estructurales en caso de desastre natural.

Tales empresas “atropellan a ciudadanos y violan la ley”, advirtió, por lo que coincidió con el titular del Fifonafe en mejorar las normas agrarias y a sus beneficiarios.

Por Acción Nacional, la diputada Patricia García García también lamentó que “no haya justicia para los campesinos”. Se pronunció por ser la voz de este sector poblacional que “exige (a los legisladores) que la hagamos valer, pues para eso estamos”.

RED/LSN