![]() |
|
Nota N°. 2534 | Afirma Ramírez Marín que debe investigarse el caso Panamá Papers y determinar si dinero de mexicanos en paraísos fiscales corresponde con sus declaraciones |
![]() |
|
Palacio Legislativo, 04-04-2016 (Notilegis).- El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que debe investigarse el reporte periodístico internacional denominada Panamá Papers, para determinar si el dinero que los mexicanos señalados han depositado en paraísos fiscales corresponde con sus declaraciones en el país.
“La autoridad (fiscal) en México tiene que determinar si efectivamente el dinero que tienen en estos paraísos fiscales corresponde a lo que han declarado en nuestro país”, indicó en declaraciones a la prensa.
Si no corresponde a sus declaraciones en México, se deben aplicar las sanciones correspondientes, “no importan los nombres, ni el nivel social, ni la filiación partidista que tengan”, expresó.
La investigación periodística, que se realizó con base en documentos del despacho Mossack Fonseca, reveló un complejo entramado financiero para evadir impuestos, que involucraría a 12 Jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, así como futbolistas, empresarios y actores, de diversos países, entre ellos mexicanos.
Ramírez Marín comentó que es perfectamente lícito acumular fortunas, pero es muy importante que todos cumplan con sus obligaciones fiscales y después que coloquen sus utilidades donde quieran.
“No está prohibido sacar dinero del país y depositarlo en otros países o hacer inversiones en otros países; lo que tiene que ser es que sean congruentes sus ingresos con lo declarado en México”, puntualizó.
El legislador priista aseguró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de realizar auditorías y determinar quiénes tienen un ingreso compatible con lo que han depositado en el extranjero y lo que han declarado en México.
Respecto al movimiento de dinero que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, hizo desde diversos países a Nueva Zelanda, pidió no prejuzgar el carácter de esos recursos.
Ramírez Marín consideró que el SAT no tuvo fallas en ese caso, pero tiene la obligación de dar un informe después de practicar las diligencias necesarias, sin distinción de nombres, ni de filiaciones o actividades particulares.
Asimismo, señaló que la práctica de revelar nombres que deberían permanecer en la secrecía se ha venido “desarrollando” de manera desafortunada.
HSF/JGM |